El Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de Pontevedra ha ordenado convocar el pleno de la Deputación de Pontevedra que les fue denegado en diciembre de 2021 a los once diputados del grupo provincial del Partido Popular. Se trata de una sesión extraordinaria en la que querían instar a la presidenta de la institución provincial, Carmela Silva, a asumir responsabilidades políticas tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a cinco años y tres meses de prisión y a nueve años de inhabilitación a un funcionario del Concello de Vigo.
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