El tribunal da diez días al Departament de Salut para que iguale la proporción de vacunación de agentes de Guardia Civil y Policía Nacional con la del resto de cuerpos en los que sí se ha aplicado el plan de vacunación, le exige un informe de cumplimiento dos días después de expirado dicho plazo de 10 días y le impone las costas procesales.
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