Antes, si la Guardia Civil entraba en el despacho de una alcaldesa o alcalde, públicamente se pedía su baja en el partido. Ahora, amortizado el pasado, no hay consecuencias, ni debate, ni escándalo. Otro ejemplo reciente: De todos los contratos bajo sospecha del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con uno saltan las alarmas. A su exnovio, de profesión peluquero, le han fichado en una tecnológica como directivo por su agenda inmobiliaria, según la versión oficial. De 3.000 euros a 500.000 euros en contratos públicos. No ha pasado nada.
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