Se garantiza por decreto una mayoría en el Consejo Consultivo de Aragón, entidad que elabora “informes jurídicos preceptivos” violando su “su objetividad e independencia”, para obtener plena impunidad y, engañando a su electorado, convertir la DGA en una ‘agencia de colocación’ con la que pagar anteriores ‘favores políticos’ a sus nuevos y viejos amigos, adaptando los requisitos de los cargos a los currículums de su compinches.
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