El Gobierno acumula cada vez más evidencias sobre cómo el PP y el sector conservador del Tribunal Constitucional habrían urdido la maniobra para impedir el cambio a una mayoría progresista. Empezaron a recelar el miércoles pasado, cuando se conoció la rápida convocatoria del pleno extraordinario para atender la petición del grupo popular de suspender la tramitación de las enmiendas que afectaban a la renovación de este órgano. Ya en esos primeros compases en Moncloa presintieron que actuaban en connivencia.
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