El Gobierno ha decidido poner en marcha su propia reforma de Ley de Secretos Oficiales, del periodo franquista, tras descartar la propuesta del PNV, que el PP y el PSOE han bloqueado en el Congreso de los Diputados desde noviembre de 2016. La idea del Ejecutivo es que no haya un límite general de tiempo para hacer públicos automáticamente los documentos (25 o diez años en la propuesta del PNV), sino plazos diferentes sujetos a cautelas según el grado de protección y el nivel de secreto.
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