El primer gobierno presidido por Felipe González reconoció la amnistía como instrumento legal aplicable para eximir de sanciones a los funcionarios. Concretamente, se aprobó en Consejo de Ministros un Real Decreto sobre el régimen disciplinario de los funcionarios en el que aparece la amnistía con plena vigencia legal. Dicho Real Decreto tuvo el informe favorable del Consejo de Estado y en los 37 años transcurridos desde su aprobación nadie lo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.
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