El CESID se negó a aportar al juez Baltasar Garzón distintos documentos sobre "la respuesta ilegal contra ETA" por parte del Estado. Galindo figuraba entre los nombres sobre los que pedía información el magistrado por su vinculación con "hechos presuntamente delictivos". Defensa rechazó proporcionar cualquier dato, amparándose en su carácter de "secretos oficiales".
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