Actualmente, cuando uno quiere poner una reclamación de consumo debe dirigirse a una oficina municipal, autonómica o, en determinados sectores, a organismos competentes como el Banco de España, la Agencia de Protección de Datos y la CNMV. El Ministerio de Consumo no tiene capacidad sancionadora, pero el Gobierno modificará la ley general de consumidores para dotarle de ella. Se trata de una reforma más amplia en la que se pretende que esta sea la medida estrella. El Consejo de Ministros iniciará este martes la tramitación del anteproyecto.
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