Le han trasladado al PP las “malas condiciones de vida” de los residentes y le han reclamado un cambio de rumbo en la gestión de estos recursos por parte de la Comunidad de Madrid. Le han explicado que el hecho de que más del 92% de las residencias estén en manos privadas, con independencia de su titularidad pública, condiciona la asistencia que reciben las personas mayores.
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