El Gobierno andaluz ya hacía antes de la pandemia un uso excesivo y con déficit de justificación, transparencia y garantías del contrato a dedo. Así lo pone de relieve la Cámara de Cuentas en una fiscalización de los contratos de emergencia de 2018 y 2019. El análisis censura su uso en ocasiones sin cumplimiento de requisitos legales por parte tanto del PSOE como del PP
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