El Gobierno asegura respetar la resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que ha dado la razón a los políticos independentistas a los que se retiró el acta al ser procesados por el Tribunal Supremo, y en todo caso se abre a "mejorar" la legislación para equipararla "a los estándares de las más avanzadas".
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