Las sanciones se remontan a 2017 cuando la oposición venezolana se descolgó del proceso constituyente para reformar la Carta Magna iniciado por el Gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, Estados Unidos se marcó como objetivo tumbar al Gobierno de Venezuela, reconociendo al opositor golpista Juan Guaidó, autoproclamado “presidente encargado” en 2019.
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