El Defensor del Pueblo está preocupado por la aplicación por parte de la Comisión del Reglamento de Aarhus de la UE y del Convenio de Aarhus al evaluar las solicitudes de acceso público a los documentos. Hizo hincapié en que las excepciones a la concesión de acceso público deben interpretarse de manera restrictiva en lo que respecta a la información ambiental y recordó a la Comisión que la transparencia en esta área es crucial para mejorar la legitimidad y la confianza pública en las actividades de la UE.
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