Las ordenanzas de convivencia impulsadas por gobiernos conservadores en esta legislatura proscriben y sancionan en ciudades como Zaragoza, Murcia y Badajoz situaciones a las que los ciudadanos se ven abocados por la falta de recursos: como la propuesta del gobierno PP-Cs en Zaragoza, que dirige Jorge Azcón, para imponer multas de 50 a 750 € por "manipular, rebuscar o extraer residuos depositados en recipientes instalados en la vía pública", es decir, en los contenedores y papeleras...
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