Todos estos menores, de entre cero y 11 años, serán entregados a las madres que los abortaron, que tendrán que dar a luz y hacerse cargo de ellos, indemnizándolos por el aplazamiento forzado del alumbramiento y por todos los años que permanecieron sin cuidados ni manutención. “El daño debe ser reparado y estos niños tienen derecho a recibir lo que se les negó, empezando por la vida”, argumentan desde el PP.
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