La ley es la ley, aunque eso no impide que su aplicación provoque situaciones de desamparo que resulten difíciles de compartir incluso para los jueces encargados de aplicarla, como ha ocurrido con el caso de Sole B. B., una madre zaragozana de 33 años a la que los tribunales han dejado en la calle a pesar de sufrir una minusvalía, de recibir como único ingreso un salario social de 430 euros, de tener la custodia de su hija de 15 años compartida con su exmarido y, también, a pesar de que el piso del que ha sido desalojada.
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