Galicia cumple 15 cursos desde que Feijóo eliminó la gratuidad de los textos escolares en 2009. La Xunta de Galicia entregará el año que viene 6 libros de texto usados y un bono de 75 € para material escolar a los alumnos de secundaria y de los 4 últimos cursos de primaria que pertenezcan a familias con rentas inferiores a los 6.000 € anuales por cabeza. Esto contradice el discurso estatal de Feijóo, que en septiembre de 2022 reclamó al Gobierno que articulara una ayuda universal de 200 e por alumno para la compra de libros y material escolar

Los vales estarán sellados y firmados por la dirección de cada centro y serán únicos para cada alumno. Nunca se expedirá un nuevo vale en caso de que la familia o la librería se extravíen. Si la persona interesada detecta algún error en el vale, tendrá 10 días hábiles para subsanar la solicitud y devolverlo. En paralelo, este martes se abrirá el plazo, también hasta el 21 de junio, para que los centros privados concertados se adhieran a la iniciativa del fondo solidario de libros y a la línea de ayudas para adquirir libros y material.

Sin embargo, en estos movimientos propios del inicio de cualquier legislatura, uno de los más llamativos es la salida de la gerencia del área de Santiago de Eloína Núñez, prima de Alberto Núñez Feijóo y que ha ocupado este puesto en los últimos siete años y siempre rodeada de polémica. La última es la que le ha costado el puesto y tiene que ver con la demora en la atención a enfermos de cáncer en el hospital santiagués, lo que provocó semanas atrás protestas de los afectados y sus familias.

La Consellería de Economía e Industria ha publicado en los últimos días sendos anuncios en los que se procede a suspender expropiaciones en relación con el parque eólico de Meirama, en el municipio coruñés de Cerceda, proyectado por Naturgy en la zona tras el cierre de la central térmica.

La Consellería les ha trasladado que «hay más de una empresa» interesada en el contrato de emergencia del servicio de transporte sanitario urgente, y que éste será adjudicado antes del miércoles próximo. Al respecto, prevén una nueva reunión la semana que viene con la nueva adjudicataria para abordar, entre otras cuestiones, la subrogación del personal, las condiciones de trabajo, necesidades de vehículos, situación de los centros de trabajo o uniformidades.

En la zona derecha de la playa de Arealonga, en Barreiros, y en el arenal del Penoural, en la zona portuaria de Burela, está prohibido el baño, según publicó esta semana el Diario Oficial de Galicia (DOG), mientras que en Celeiro está en evaluación. En toda Galicia hay 32 zonas donde está prohibido el baño, ocho de ellas en la provincia de Lugo, pero solo dos en A Mariña lucense.

Mariña Patrimonio (MP) y la Asociación Ecologista de Galicia (Adega) afirmaron este jueves que el Castro da Trinidade, en Mondoñedo, disponía de "al menos seis informes que confirman su existencia", por lo que instan al Servicio de Patrimonio de Lugo a "explicar" el motivo "intentó eliminar" el sitio de la lista en 2016.

El Deportivo , propiedad de Juan Carlos Escotet (dueño de Abanca), no acude a la celebración de su ascenso en el pazo de María Pita de A Coruña, donde gobierna el PSOE, pero sí visita al presidente de la Xunta, del PP, en Santiago. Para ayudar al club, la alcadesa aceptó que, pese a ser municipal, se rebautizase como Abanca-Riazor. Ahora, un día después del ascenso, demanda disponer de Riazor "a largo plazo" y la política responde que ceder Riazor para que juegue el Depor sí, pero para que Abanca haga negocios no, porque el estadio es de todos.

El juzgado de instrucción número 2 de Santiago investiga si se cometió un delito de prevaricación, información privilegiada y tráfico de influencias en la adjudicación de un concurso de la Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dependiente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), para el servicio de transporte sanitario urgente en el año 2014, cuyo montante asciende a 121,6 millones de euros. Ambos vehículos estarían, de este modo, matriculados y rotulados casi medio año antes de que la Administración resolviese la adjudicación

La Junta Electoral de Galicia ha archivado el procedimiento sancionador abierto a la Consellería de Sanidade por haber enviado a dos días de las elecciones autonómicas del pasado 18 de febrero mensajes a los móviles de trabajadores del Servizo Galego de Saúde (Sergas) para informarles de subidas salariales. La decisión se adopta porque no se ha podido identificar al responsable de la infracción.

Las magnitudes de esta operación están sujetas a una due diligence que se llevará a cabo en los próximos meses. De estas instalaciones, Recursos de Galicia se haría con alrededor de un 20% de la propiedad y Galenergy conservaría el 80% restante. Adicionalmente, priorizando la Galicia interior, RDG y Galenergy planean diseñar y ejecutar infraestructuras de generación renovable de nueva promoción.

El nuevo director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Antonio Barba, se ha estrenado en el cargo evitando pronunciarse sobre la decisión del PP gallego de incorporar al grupo municipal de A Illa de Arousa a un concejal condenado por una agresión machista. La decisión, argumenta, es “política” y el suyo es un perfil técnico, lo que a su juicio, aconseja que no dé su opinión al respecto: “No puedo ni debo entrar en polémicas que son decisiones orgánicas de partidos políticos”.

Hasta ahora los únicos apoyos que han tenido los mariscadores, recordó, proceden de fondos propios de la Xunta. Y admitió que de la primera orden de ayudas extraordinarias, dotada con 4 millones, se repartieron poco más de dos millones. Solicitaron el pago de los 550 euros 3.911 productores, y se ha pagado a 3.521, mientras 390 están pendientes de su gestión. En breve, además, se convocarán ayudas directas —también con fondos propios— a las cofradías y federaciones por la pérdida de ingresos: una línea de unos 400.000 euros ...

El mandatario gallego fue recibido, este jueves, por el gobernador Ignacio Torres y el intendente Gustavo Sastre en las instalaciones de la pesquera Estrella Patagónica (EPSA), donde previamente el presidente de la compañía Buenaventura Lafuente Matos lo invitó a realizar una recorrida por la planta de procesamiento.

La comisión que vigila que se cumpla la ley de transparencia le reprocha a la administración autonómica que se niegue a publicar el número de viviendas para personas en situación de vulnerabilidad y en qué municipios se encuentran. El proceso se deriva de una pregunta enviada por esta redacción, que pidió, al amparo de las leyes de transparencia -hay una estatal de 2013 y otra autonómica de 2016- datos que la Xunta se resiste a dar incluso a las asociaciones que trabajan precisamente para que las personas en situación de vulnerabilidad ...

La oposición acusa al Gobierno gallego de "censura" mientras que el Colexio de Xornalistas se muestra preocupado por un veto que "puede interpretarse como una limitación a la libertad de información".La Xunta de Galicia prevé prohibir por ley la difusión de información falsa relacionada con los incendios forestales. Hacerlo, por cualquier medio, será además considerado una infracción grave, lo que implicaría multas que van desde los 1.001 euros hasta los 100.000 en caso de que la información considerada falsa por el Gobierno gallego...

Para la teniente de alcalde, resulta "inaudito" que la Xunta de Galicia "sea extremadamente estricta con los particulares y las empresas pequeñas" mientras que le resulta "sumamente fácil darle para delante y admitirle cualquier ocurrencia a Ence, o cualquier cuestión que ponga encima de la mesa"."Se saltan a la torera cualquier principio y normativa, incluso la propia, ya que ni le aplican el POL (Plan de Ordenación del Litoral)", ha manifestado esta portavoz del gobierno municipal.

Una de ellas es Atunlo, una de las mayores comercializadoras de atún de España, que entró en preconcurso en noviembre del año pasado y ahora trata de acordar un plan de viabilidad con quita de deuda para esquivar la quiebra. La empresa con sede en Vigo y plantas en Cambados y O Grove tiene un pasivo financiero de 48 millones, pero debe aún más a sus acreedores comerciales, pues las facturas sin pagar superan los 100 millones, según indican fuentes financieras, afectando principalmente a la vasca Inpesca, uno de los socios de la compañía.