"Yo no he hecho nada. Tan solo vivir allí. El piso me lo ofreció la Comunidad de Madrid", explica A. G. F., inquilina de una de las 160 viviendas de la urbanización de VPO del número 10 del Paseo de la Democracia de Torrejón de Ardoz a las que Fidere, una empresa filial del fondo buitre Blackstone, el principal casero del país, ha situado en una encrucijada que les asfixia: o aceptan comprar la vivienda que ocupan por un precio hasta 70.000 euros superior al de mercado o asumen una subida del arriendo de 300 euros (de 700 a mil) mensuales..

El fondo buitre Fidere, filial de la firma estadounidense de capital riesgo Blackstone, hizo un negocio redondo en 2013 en España. Cerró operaciones de compra de vivienda pública gestionada por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, ambas gobernadas por el PP. El mayor negocio fue con el Consistorio madrileño, cuya alcaldesa era Ana Botella: 1.860 viviendas por 130 millones de euros. Según la propia empresa, "El valor de mercado de las inversiones inmobiliarias al cierre del ejercicio 2017 ha ascendido a 1.011.293.608 euros".