Grupo Sedesa -ese año en manos de Ezentis,pero con control de Vicente Cotino- transfirió al empresario condenado por financiar ilegalmente al PP Enrique Ortiz una parte de Savia Gerocentros. La operación,que no está siendo investigada por la justicia,la financió Bancaja siendo José Luis Olivas -también implicado en las mordidas de Erial- presidente de la caja valenciana.Entre junio de 2010 y noviembre de 2011 Ezentis se hizo con la propiedad de Sedesa sin invertir capital directamente,justo cuando se hizo la operación de venta de las participac

La Fiscalía de Valencia mantiene la petición de tres años de prisión para el expresidente de la Generalitat Valenciana y de Bancaja, José Luis Olivas, por cobrar 580.000 euros por intermediar y asesorar al empresario Vicente Cotino en la venta de unas acciones eólicas del grupo Sedesa a Iberdrola, aunque finalmente se las quedó Sedesa.

El alto tribunal anula el proyecto que impulsó Sedesa para construir 2.800 chalés de lujo en Sanxenxo, de 17.000 habitantes. La actuación contó desde su inicio con la simpatía de la Xunta del PP. El Gobierno de Manuel Fraga le dio su beneplácito, pese a informes que alertaban del impacto paisajístico, y el entendimiento entre Sedesa -empresa implicada en la Gürtel- y el Ejecutivo de Feijóo.

"Mi tío se ha ofrecido para hablar con Paco [Camps] sobre el plan", le dijo Vicente Cotino, propietario de Sedesa, a Enrique Ortiz, el constructor alicantino investigado por el caso Brugal. Unas conversaciones grabadas por orden judicial vuelven a arrojar dudas sobre la figura del político valenciano, sombra omnipresente en todos los casos de corrupción que se investigan en Valencia pero sin ser imputado en ninguno.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, ha citado como imputado a Vicente Cotino sobrino del presidente de las Corts, Juan Cotino por el supuesto pago a la formación de 200.000 euros a través de la empresa familiar Sedesa. También ha citado como testigo a Juan Cotino para aclarar por qué el nombre de Sedesa aparece en la presunta contabilidad B del PP. El magistrado está investigando los contratos públicos obtenidos por Sedesa.

En 2010 Javier Tallada era presidente de Ezentis y Vertice 360, en las que desde 2008 formaba parte de su capital social el banco japonés Nomura a través de Thesan Capital. Fue entonces cuando Tallada comenzó a denunciar ante la CNMV algunas presuntas irregularidades en la compañía por parte de los directivos de las filiales del Banco Nomura. Entre otras cosas, los directivos compraron la constructora SEDESA, que estaba quebrada e implicada en el Caso Gurtel.

La causa Bárcenas que instruye el juez Pablo Ruz se valencianiza. Las adjudicaciones fueron escondidas a la oposición hasta que finalmente se pusieron a disposición del diputado Francesc Signes, quien las revisó por varias conselleries durante un mes e hizo copia de los documentos. Entre los expedientes con supuestas «irregularidades» figura el de concesión en el año 2008 de las obras del puente sobre el río Bergantes, en la CV-14 en Zorita.

El minucioso detalle con el que los extesoreros del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, anotaron la entrada y salida de dinero de la supuesta caja B del Partido Popular desvela, entre otros, los presuntos pagos realizados por la familia de Juan Cotino,actual presidente de las Corts Valencianes, a través de su empresa familiar de servicios, Sedesa. En concreto, los documentos desvelados hoy por el diario El País concretan que el 11 de marzo de 2004, coincidiendo con los trágicos atentados del 11-M, se realizó un ingreso de 200.000 euros al PP.

El empresario Javier Tallada, ex presidente de Avanzit -antes Radiotrónica, hoy Ezentis- ha denunciado a los responsables de Método 3, a sus exsocios y a directivos del fondo Thesan Capital, por contratar a la agencia de detectives para espiarle a él y su familia de forma ilegal, filtrando datos a la prensa para desprestigiarle, incluso falseandolos. Ampliación: www.elboletin.com/index.php?noticia=56598&name=economia www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/una-senadora-socialista

González Pons, que era en 2006 era consejero de Territorio y Vivienda, adjudicó una promoción de viviendas a SEDESA de más de seis millones de euros, aunque otras dos empresas obtuvieron mejor puntuación en el concurso público.

La constructora Sedesa, que en 2008 pagó 130.000 euros a Orange Market por actos del PP, abonó otros 72.000 euros a un despacho relacionado con la trama. Ezentis absorbió la empresa tras estallar el escándalo

Sedesa está investigada por financiar ilegalmente al PP valenciano gracias a Pablo Crespo, a quien Feijóo mantuvo como vocal de Portos a pesar de que, en teoría, el PP gallego sabía desde hace años de sus oscuros negocios. En Galicia, SEDESA es conocida sobre todo por la polémica recalificación de terrenos en Sanxenxo por su ayuntamiento cuando lo comandaba Telmo Martín, hoy líder del PP pontevedrés, asunto por lo que el PSOE ya había pedido explicaciones.

El Grupo Llanera y Sedesa -la empresa de la familia del vicepresidente del Consell y conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino- mantienen a través de Enugo Inversiones la titularidad de los terrenos que el Ayuntamiento de Zarra ha ofrecido.

Ángel Luna, portavoz del PSPV, afirmó que hay 47 expedientes de contratación de la Generalitat Valenciana con el grupo Sedesa, de la familia del vicepresidente tercero del Consejo, Juan Cotino, "a los que no podemos acceder", así como tampoco a los de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), con unos sobrecostes que ascienden a 600 millones de euros. Francisco Camps replicó que los expedientes están a disposición y que los socialistas sólo han ido a consultar uno de cada cuatro.

(c&p) Así lo indicó al ser preguntado por las declaraciones realizadas por el portavoz del PSPV en Les Corts, Ángel Luna, en las que aseguró que buscará "por todos los medios posibles" los expedientes de contratación de la Generalitat en los últimos años con Sedesa -empresa presidida por un familiar de Cotino- porque aseguró que el Consell sólo ofrece documentación "mutilada" de forma que "alienta la sospecha" sobre posibles irregularidades.

El diputado socialista en Les Corts Valencianes Francesc Signes ha denunciado hoy que ha recibido 'recomendaciones o amenazas' de un cargo público y de una sociedad privada para que no investigue adjudicaciones del Gobierno valenciano a la empresa Sedesa. La Generalitat les ha negado la documentación sobre los expedientes de adjudicación de la Generalitat a Sedesa -en solitario o en UTE- en la última década, que ascienden a 830 millones de €, lo que a su juicio sitúa esos contratos "al mismo nivel de ocultismo y de oscurantismo" que en Gürtel.

La constructora Sedesa Obras y Servicios, propiedad de la familia del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, no puede decir que no sea profeta en su tierra. La matriz del Grupo Sedesa, cuyo gerente es Vicente Cotino Escrivá (sobrino del conseller), ha recibido desde 2000 casi medio centenar de adjudicaciones de obra pública de la Generalitat por más de 825 millones de euros. En el caso de los proyectos de mayor dimensión, Sedesa ha sido beneficiaria de contratos en UTE ...