Según la Guardia Civil, los contratos "se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública"

El propio juez tenía el DNI de la esposa del presidente desde ocho días después de la incoación judicial de la causa. El 24 de abril, el juzgado de instrucción número 41 que dirige Peinado registró el escrito de personación en procedimiento de Begoña Gómez y el documento de representación de su abogado, el exministro Antonio Camacho. En ese documento se identifica claramente el DNI de la esposa de Pedro Sánchez.

Cuando uno de los agentes comenzó a presentar declaración, un abogado defensor vio que la magistrada llevaba en el brazo una pulsera con el emblema de la Guardia Civil, según detalla 'Diario de Cádiz'. Fuentes consultadas por el citado medio explican que esa pulsera incluía un distintivo del Grupo de Acción Rápida (GAR), la unidad a la que pertenecía David Pérez, uno de los agentes asesinados en Barbate.

La decisión del juez se enmarca en una instrucción que se tropieza con dos serios tirones de orejas de la Audiencia de Barcelona, que ha estimado recursos tanto de las defensas como del ministerio fiscal. Ambos han calificado la instrucción de "prospectiva". Es decir, en palabras del fiscal que lleva el caso, Fernando Maldonado, "se busca encontrar algo" para poder formular una acusación. Un protocolo de trabajo incriminatorio prohibido por el estado de derecho.

La Guardia Civil ha notificado la apertura de un expediente disciplinario por la presunta comisión de una falta grave a un cabo y a un agente de los que sorprendieron al juez Ricardo Fiestras en una fiesta durante las restricciones en nivel 4. Este expediente tuvo su origen en la queja presentada por el juez Fiestras, su pareja, el empresario Fernando Becerra y otra persona. El instructor concluye que los expedientados pudieron cometer una infracción grave y propuso desmantelar todo el Grupo de Intervención Rápida que intervino esa noche.

El juez entiende que no se da "peligro por la demora, ni apariencia de buen derecho" y desestima la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, que ha denunciado a la formación de extrema derecha por delito de odio.

Ambos están investigados por la supuesta comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación, fraude a la Administración pública, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales. La juez los envía a prision eludible con una fianza de 50.000 euros para cada uno por su presunta relación con un caso de amaños en contratos de uniformes del Instituto Armado. Los otros cinco arrestados han quedado en libertad provisional.

El jefe de ginecología del hospital de Verín tuvo que recurrir al Juzgado de guardia para que le enviasen un pediatra.

Tras la salida del General de División José Antonio Berrocal por motivos de edad, el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, designó anticipadamente este cargo al General Fernando Mora Moret.

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha impuesto una sanción de multa de 1.500 euros por una infracción grave al magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, Manuel Piñar, después de que difundiera a través de un comunicado remitido a un medio de comunicación datos que afectaban a uno de los hijos de Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) a la que condenó por sustracción de menores.

El magistrado Iain D. Johnston declaró la prohibición impuesta por el estado no superó el escrutinio constitucional, y comentó que "los derechos individuales no se anulan en la propiedad pública".

María Serrano, Brigada de la Guardia Civil que ha realizado la primera "Revelación Pública" conforme a la reciente Ley 2/2023 de protección a los alertadores de corrupción. Tras su vídeo viral, con más de 2 millones de visualizaciones en TikTok en sólo 2 días, con miles de espectadores siguiendo en directo su "Revelación Pública", envía este comunicado público y da las gracias.

Se aviso a la Guardia civil por circlar con temeridad manifiesta, en la circunvalación de Soria Capital, ponía en peligro a los demás conductores. Al tratar de pararlo, intentó atropellar a un Guardia Civil y causó daños al embestir dos vehículos oficiales, Tras ser parado y resistirse a ser detenido, arrojó resultado positivo en cocaína y THC. Ademas se descubrió tras su detención que carecía de permiso de conducción por orden judicial y estaba reclamado con orden de detención por varias Autoridades judiciales.

Rafa Mir se encuentra detenido en el calabozo de la comandancia de la Guardia Civil de Valencia y está pendiente de traslado para prestar declaración ante el juez.

Perelló nació en Cataluña y es magistrada del Tribunal Supremo desde el año 2009. Está en la sección que supervisa órganos reguladores como la CNMC y el Banco de España y fue la ponente de la sentencia que rechazó el recurso del PSOE para tratar de recontar el voto nulo de Madrid en las generales. Antes, Perelló ocupó destinos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Mahón (Menorca), en la Audiencia Provincial de Barcelona y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Está asociada a Jueces y Juezas para la Democracia.

Se jubila Manuel García Castellón, el magistrado al que los gobiernos de Aznar y Rajoy regalaron diecisiete años de exilio dorado en París y Roma y que volvió a la Audiencia Nacional a ocuparse de que los rivales del PP lamentaran pasar por su juzgado. Desde meter en prisión preventiva a Mario Conde –presidente de uno de los grandes bancos, inversor y amiguete de Pedro J. Ramírez y prestamista del rey Juan Carlos, nada menos– a acabar su carrera judicial cometiendo un error de principiante y viéndose obligado a dar carpetazo al caso Tsunami.

La suboficial María Serrano pide el amparo de la ley que protege a los denunciantes y asegura que ha sido "brutalmente represaliada" Denunció hace ya casi 15 años las prácticas de un cabo del Seprona, que presuntamente asesoraba a empresas ilegales de gestión de residuos y hacía recursos para quitar multas en Mercasevilla.

La jueza que investiga por fraude fiscal a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado la petición de PSOE y Más Madrid de que la causa se amplíe a sus relaciones comerciales con el grupo Quirón, gigante sanitario y contratista habitual del sector con la Comunidad de Madrid. La magistrada instructora explica que varias de las diligencias que proponían las acusaciones populares son “innecesarias” y que podrían llegar a dilatar la investigación durante años.

El magistrado de la Audiencia Nacional que vio terrorismo contra Puigdemont en el caso Tsunami y que investigó las causas contra Podemos pidió adelantar su salida de la carrera judicial el pasado mes de junio

«Los clanes son totalmente conscientes de que, como ha vuelto a ocurrir este verano, disponemos de menos efectivos y, a su vez, más ocupados. Y, como es lógico pensar, aprovechan esas situaciones al máximo». «A ello», añade José Antonio Belizón, «hay que unir que cada vez cuentan con más tecnología y mejores medios, lo que les permite ser más efectivos».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ampliado la querella por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra su mujer, Begoña Gómez, por presunta corrupción y tráfico de influencias, al aducir que la labor del magistrado "contraviene la doctrina existente" y que supone una "injusticia intrínseca".

La reacción del Gobierno se produce después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en una providencia fechada el 22 de agosto, sostuviera que se pueden sacar “conclusiones” del “silencio” del líder del Ejecutivo y secretario general del PSOE, que el 30 de julio se acogió a su derecho a no declarar ante él como testigo en la causa abierta contra su mujer, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El juez ordenó además en esta última providencia en mitad del verano trasladar copia de la grabación a las...