Por su parte, Eduardo Tavío, miembro de la familia propietaria (aunque, en realidad, los edificios pertenecen a unos primos), explicó este jueves que el informe inicial sobre la estructura y los riesgos parte del consistorio en 2021 y, a partir de ese documento, actúa el juzgado

En concreto Rafael Yanes quiere solicitar información al Ayuntamiento y al Instituto Canario de la Vivienda sobre las alternativas que barajan para garantizar los derechos de las personas desalojadas