“Hay una tendencia a la privatización de toda la función pública de la seguridad, que en algunos países ya lleva muchos años de andadura, y aquí hay aún un gran pastel latente que se está cocinando y hay mucha gente dispuesta a ganar dinero”, “Aquí hay que seguir la pista del dinero, y ver qué lobby de facto está ahí actuando para impulsar esta legislación, que se va a unir a otras políticas de privatización, como el negocio penitenciario” afirma Pedro Oliver, doctor en Historia por la Universidad del País Vasco
