Una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado por cerrada la vía para que los cooperativistas accedieran a la propiedad de la tierra tras un proceso que había durado varios años, una ley de 2011, con el PSOE, y un decreto de 2021, ya con el PP, permite al Gobierno de Moreno Bonilla, –la administración andaluza es la dueña de las 1.200 hectáreas que trabajan las cooperativas en régimen de concesión– desalojar y vender las tierras. "El futuro ya se verá, pero el diálogo es ahora lo más importante"...

Los tribunales rechazan los recursos de la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas, el currículo de bachillerato y el plan de choque de ahorro energético y tumban una normativa regional sobre eutanasia

El Ejecutivo autonómico del PP en Madrid consideró que se habían impuesto medidas de forma "arbitraria, autoritaria y contra los comercios”, si bien el órgano de garantías avala ahora que se utilizara la fórmula del Real Decreto por existir razones de "urgente necesidad". De este modo, no le tacha de inconstitucionalidad en la actuación del Gobierno central.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón al Gobierno andaluz y ha dado carpetazo, de momento, a la posibilidad de que las cooperativas que gestionan El Humoso, la emblemática finca jornalera de Marinaleda, accedan a la propiedad de la tierra por una vía abierta en el año 2015. Las 1.200 hectáreas son propiedad de la Junta de Andalucía que se las compró en 1990 al Duque del Infantado tras una intensa lucha jornalera. Los cooperativistas la cultivan en régimen de concesión desde los años 90.

La Comunidad de Madrid deberá indemnizar a un facultativo con miles de euros por el riesgo psicosocial que asumió

Dice que la decisión del TS de ordenar repetir su juicio por reconstruir Bateragune resultaba "un gravamen excesivo" en el que se perdía la finalidad de reparar sus derechos fundamentales. El Constitucional afirma que el Supremo ofreció "argumentos insuficientes" para respaldar su decisión, por lo que aprecia "una desproporción manifiesta entre la decisión adoptada de repetir el enjuiciamiento, cuando ya estaban cumplidas las penas, y la necesidad de reparar el daño". Explica que el interés del Estado en la condena "agotó sus efectos prácticos…

Un presunto testaferro del expresidente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana ha citado a un magistrado del Tribunal Constitucional como testigo, en el juicio por el caso Erial. Un juicio en el que el exministro de Trabajo se enfrenta a diecinueve años de prisión por el presunto cobro de mordidas en la adjudicación de la Inspección técnica de vehículos (ITV) y el Plan Eólico. Sus dos supuestos testaferros afrontan una pena de ocho años de cárcel.

La directora de Salud por derecho explica la batalla contra el Ministerio de Sanidad, que se niega a decir cuánto costó un fármaco para la COVID con los argumentos de la industria farmacéutica.

Según la visión de la derecha española, es el partido en el poder político quien manda en los jueces, cuando la realidad es que el Consejo General del Poder Judicial lleva cinco años sin renovarse porque el Partido Popular tiene mayoría en él. El Tribunal Constitucional, hasta hace unos días con mayoría conservadora, es ahora ilegítimo porque sus sentencias ya no se deciden desde la calle Génova, y poner en duda las decisiones de juez García Castellón, persona muy vinculada al PP que actúa de forma un tanto...

La decisión de "los nueve sabios" excluye las medidas más duras que había impuesto la derecha en el Parlamento.

Desde febrero de 2021, la normativa vigente podría infringir la legislación europea al dificultar injustificadamente el acceso al complemento para todos los hombres, independientemente de si son padres de uno o más hijos, lo que abre la posibilidad de presentar una reclamación. Adicionalmente, la sentencia aborda la solicitud de indemnización basada en la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE) del 14 de septiembre. El tribunal determina que se ha producido una discriminación contra el demandante por la denegació

"Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación". Y añade: "Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad."

La portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha denunciado este miércoles “una estrategia grosera e inútil de deslegitimación preventiva” de los jueces protagonizada por el Gobierno de coalición y los grupos que lo apoyan. Todo después de que el vicesecretario de Institucional del partido, Esteban González Pons, dijera ayer mismo que “el cáncer del Estado de Derecho en España se llama Tribunal Constitucional”.

El vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, ha arremetido este martes contra el Tribunal Constitucional (TC), al que ha acusado de ser "el cáncer del Estado de derecho". "El Tribunal Constitucional español está contaminado políticamente, interfiere o sustituye el trabajo del poder judicial", ha señalado González Pons, que ha acusado al TC de usurpar las funciones del Tribunal Supremo y del poder judicial.

Fue una sentencia histórica: 11 miembros del TC resultaron condenados como responsables de una negligencia al no motivar la inadmisión de un recurso de amparo. El Constitucional esperó 10 años a que los condenados ya no estuvieran en el tribunal para ampararlos.

Los cuatro magistrados conservadores del Tribunal Constitucional se han desmarcado de la reciente sentencia que dio la razón al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez. "Es inadmisible en términos constitucionales", critican en su voto particular, al que ha tenido acceso El Confidencial. "Es la primera vez que una sentencia del Tribunal Constitucional modifica la pena que debe imponerse a un condenado y considera que la pena impuesta es la de multa y no la de prisión, y lo hace además no solo sin sustento alguno argumental....