La próxima hornada de graduados en Derecho se someterá a la prueba de acceso a la abogacía en mayo, examen sin el cual no pueden ejercer y para el que han tenido que realizar un máster específico, según lo establecido por la reforma de la Ley de Acceso a la Abogacía del exministro Alberto Ruiz-Gallardón. La norma establece que los estudiantes no serán llamados abogados hasta que no finalicen este posgrado (que comprende estudios y seis meses de prácticas en un despacho y supone el 30% de su nota final) y hagan el famoso examen (que fija el 70%)

La oficina de conflicto de intereses de los altos cargos da el permiso en tiempo récord para que se dedique a la actividad privada. El exministro cobra en la actualidad 8.000 euros brutos mensuales como miembro del Consejo Consultivo de Madrid.

La prisión permenente revisable aprobada ayer en el Congreso español durante la tramitación de la modificación del Código Penal ha recibido una dura crítica por parte del Consejo General de la Abogacía del Estado. En un comunicado, ha afirmado que dicha medida es «inconstitucional». En concreto, la Abogacía señala que la prisión permanente revisable «es contraria a los artículos 10, 15 y 25 de la Constitución». En lo que se refiere al artículo 25, concreta que ésta establece que las penas privativas de libertad «se han de orientar a la reeduca

La Casa del Rey firmó en septiembre pasado un convenio de colaboración con la Abogacía del Estado. Este servicio jurídico da asesoramiento legal a la institución, pero no en asuntos particulares como la demanda de Ingrid Sartiau. Cuando se le notifique la admisión, el rey tendrá 20 días para responder a la petición, que lleva acompañada de una prueba de ADN.

El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, ha remitido una carta al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, para transmitirle tanto esta queja como la "preocupación" de la Abogacía "por la forma y publicidad dada a la detención de un importante número de abogados dedicados a la defensa de personas relacionadas con círculos abertzales del País Vasco". La Abogacía cree que los arrestos "han podido afectar al derecho de defensa, no solo de los detenidos, sino también de muchos de sus clientes".

Hasta tres organismos adscritos al Ministerio de Justicia emplean a 132 personas como colaboradores sociales para hacer labores de ordenanzas y auxiliares administrativos. El Alto Tribunal prohibió en marzo que las administraciones utilicen esta figura para cubrir tareas estructurales. CCOO considera que el Ministerio incumple "de forma flagrante" la doctrina jurídica.

La Abogacía del Estado acusa a la Infanta de disfrutar del dinero defraudado Reclama tres años y medio de cárcel para Urdangarin y Torres por los delitos fiscales en que incurrieron

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha urgido al Tribunal Constitucional a agilizar su respuesta sobre los cinco recursos interpuestos contra la ley de tasas judiciales ante el "grave daño" que están sufriendo los ciudadanos al no poder denunciar las "injusticias" que padecen en los tribunales y ante la "degradación" que está experimentando el Estado de Derecho. A los dos años de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley de Tasas Judiciales, la Abogacía ha reiterado el acuerdo que ya adoptó en noviembre de 2012...

¿Dónde un abogado tendrá mejor perspectivas salariales? ¿Nueva York, Londres, Madrid o Moscú? ¿Y aquellos afortunados que ejercen en las Caimán cuánto cobrarán?

La AVM3J lamenta que "no hace más que recurrir todas las líneas de investigación propuestas por los abogados, impidiendo así esclarecer los vacíos que quedaron sin cubrir"Las víctimas le exigen al president de la Generalitat, Alberto Fabra, que aclare "cuál fue el papel de la Generalitat en la investigación del accidente". A juicio de los familiares la declaración del exdirectivo de FGV confirma que "no se tenía" en cuenta la velocidad a la hora de implantar las balizas. rel: www.meneame.net/story/victimas-metro-valencia-dan-demostrado-

La Abogacía del Estado considera que la infanta Cristina no puede ser considerada responsable de un presunto delito fiscal en el caso Nóos ya que "ser cónyuge de un defraudador a la Hacienda Pública no convierte a uno en partícipe de esa defraudación". En nombre de la Agencia Tributaria, que ejerce de acusación particular en el caso Nóos, la Abogacía del Estado ha presentado alegaciones a los recursos planteados al auto con el que el juez José Castro puso fin a la instrucción de esta pieza judicial.

Para poder cerrar la RTVV de forma ajustada a derecho había que hacer una ley (discutible a todo punto de vista por el cómo se aprobó), que se redactó a toda velocidad y con evidentes fallos. La improvisada ley prohíbe de forma expresa la prestación del servicio público de radio y televisión de ámbito autonómico, prestado por cualquier medio o canal de difusión por parte de la Generalitat. La Abogacía de la Generalitat entiende que esa redacción implica que el Gobierno valenciano renuncia al servicio de forma tanto directa como indirecta.

El presidente del Consejo General de la Abogacía aseguró que solicitará “clamor social contra las leyes” puestas en marcha por el ejecutivo de Gallardón, especialmente la Ley de Justicia Gratuita, pero también la Ley de Tasas Judiciales, pasando por la del Poder Judicial, o la ley de Planta, en total 14 leyes que no son bien acogidas por la Abogacía. Este hecho se analizará en una concentración convocada para el próximo 24 de julio en Madrid.

Los policías heridos durante los altercados del pasado 22 de marzo, tras la manifestación Marchas por la dignidad, podrán disfrutar de una ventaja que no tienen sus compañeros. En la última reunión que el director de la Policía, Ignacio Cosidó, tuvo con los sindicatos profesionales, hace una semana, éste prometió que la Abogacía del Estado se pondría a disposición de los miembros de las Unidades de Intervención Policial que lo solicitaran.

Representantes de la Abogacía española han mostrado este martes su contundente rechazo al proyecto de Ley de Justicia Gratuita recientemente aprobado. La Abogacía española denuncia que Gallardón pretenda aplicar las leyes de mercado a la Justicia gratuita y supone un ataque frontal a su independencia.

"En estos momentos no hay forma de acceder a la abogacía, después casi 6 años de estudio", afirma la plataforma "Abogados sin Toga".

En 2006 la noticia caía como un jarro de agua fría en las universidades españolas. El Ejecutivo de Zapatero presentaba un proyecto de ley de acceso a la abogacía que suponía una barrera para ejercer la carrera de abogado o procurador en los Tribunales. Nadie sabía en aquel momento que la entrada en vigor de esta ley tardaría en llegar algo más de cinco años. Una tardanza que ha supuesto el impedimento al acceso profesional de miles de jóvenes recién salidos de las universidades.

La Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) asegura que devolver sobre la marcha como se hizo en Ceuta a inmigrantes recién llegados a nado a la costa es "una ilegalidad manifiesta" pese a lo que "invente" el ministro del Interior, quien hoy ha defendido esta práctica diciendo que es "política de Estado" y que obedece a "un concepto operativo" que adapta la legislación a las circunstancias particulares de las ciudades autónomas.

La Ley de Acceso a la Abogacía ha creado un 'limbo' de un año durante el cual los recién licenciados no pueden acceder a su profesión, al seguir sin convocarse el examen nacional para poder incorporarse al Colegio de Abogados. Con el fin de denunciar esta situación, que afecta a un centenar de personas, los nuevos abogados han creado la plataforma 'Abogados sin toga'.

La abogacía española apoya las medidas adoptadas por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) para garantizar el derecho de defensa, cuando los agentes de policía encargados de la toma de declaración a detenidos oculten su rostro con prendas que no forman parte de la uniformidad reglamentaria. El presidente del Consejo, Carlos Carnicer, ha pedido a todos los Colegios de España que se adhieran a esta petición.

El Tribunal Supremo de California ha determinado este jueves que un inmigrante indocumentado que llegó a Estados Unidos de forma ilegal cuando era un niño puede obtener, a sus 36 años, el permiso para ejercer la abogacía, en una resolución inédita que podría sentar precedente a nivel nacional.

Infografía con las cifras claves de la abogacía española: quinto país europeo por "densidad" de abogados (2,78% cada 1.000 habitantes) 131.000 letrados ejercientes, "Colegios" con mayor número de éllos, grandes despachos de abogados y facturación, etc

Biografía del Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Carlos Fayt.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, considera necesario que “los políticos sospechosos dimitan” sin necesidad de estar imputados “para que la política recupere la afección de los ciudadanos”. En un desayuno informativo organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), Carnicer ha apuntado a la corrupción y la desafección política como los principales problemas que actualmente padece la sociedad española.