Un puesto fronterizo no es un lugar adecuado para determinar la edad de una persona. A raíz de siete quejas de CEAR, el Defensor del Pueblo ha instado a la Fiscalía del Estado que aplique la presunción de minoría de edad en las solicitudes de protección internacional en aeropuertos cuando haya dudas sobre la misma. La no presunción de minoría de edad permitió que estas solicitudes se tramitaran como las de adultos, lo que impidió su protección e ingreso en un centro especializado.

El 92% de los menores denuncia haber sido objeto de vejaciones en el centro de acogida, según Harraga. La mayoría de los menores extranjeros que llegan a la península sin acompañar están en Melilla, donde hay 474, según los últimos datos oficiales. Ingresan en el centro La Purísima, un antiguo fuerte militar, que dobla su capacidad para dar cabida a más de 300 menores. Actualmente, según Prodein, hay unos 30 menores en la calle de entre 11 años hasta 17 y que sufren violencia, abuso, se drogan y/o no tienen sus necesidades básicas

El Estado cuida a 15.000 niños retirados de sus familias (por abusos, malos tratos…), algunos en centros públicos y otros en hogares de acogida. Pero el día de su 18 cumpleaños deben dejar el centro y la ayuda se corta en seco. Pese a lo que manda la ley, sin estudios acabados ni dinero y con secuelas de infancias truncadas, cada año 3000 jóvenes extutelados se asoman al abismo. Los programas de ayuda solo llegan a unos pocos.

La Comisión Europea ha propuesto sacar a Atenas del procedimiento de déficit excesivo mientras mantiene la vigilancia a Francia, Reino Unido y España.

Los Trabajadores Sociales, junto con otros profesionales, realizamos funciones de captación, valoración y formación en un proceso con las familias que está orientado a conocer y poder ajustar las motivaciones y expectativas que tienen puestas en su proyecto como acogedores, valorando todas aquellas experiencias previas de vinculación y apego, que junto con otros criterios nos garanticen que reúnen las condiciones necesarias para atender y entender las necesidades que pueda presentar el menor en acogida.

El Síndic de Greuges (defensor de las personas en Cataluña), Rafael Ribó, ha pedido a la Generalitat que agilice la materialización de los cambios normativos que permitirán a los menores tutelados cobrar las pensiones no contributivas, "de las cuales la Generalitat se ha beneficiado durante los últimos cinco años" en concepto de gastos de la atención.

El sindicato UGT denuncia que en algunos de los centros de menores tutelados por la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA) los niños no hacen actividades lúdicas si no son gratuitas, la comida es de baja calidad y se llega a utilizar dinero procedente del Banco de Alimentos, la ropa es de segunda mano y los menores con graves discapacidades físicas o psíquicas no reciben la atención individual necesaria.

La Fundación Raíces y Noves Víes denuncian que España no ha cumplido con las medidas cautelares impuestas por el Comité de los Derechos del Niño tras presentar sus casos ante el organismo. Entre las medidas, el Comité ha demandado que los menores sean transferidos a centros de protección y no sean devueltos a sus países de origen. Cuatro de los menores fueron internados en CIE

El Comité de Empresa de las y los educadores del Centro de Observación y Acogida (COA) de Zaragoza interpuso este jueves su duodécima denuncia contra Intress, entidad privada que gestiona el centro de titularidad pública, por "entregar información falsa a Inspección de Trabajo"

Últimamente hemos podido leer en la prensa noticias que, desgraciadamente, confirman todo lo que venimos denunciando desde el Sector Social de CGT en torno a la preocupante situación en que se encuentran los centros de menores tutelados por la Generalitat: "Tiros al aire de la policía en un centro de menores tutelados por la Generalitat "," Polvorín en los Centros de menores ","un menor tutelado, apuñalado en plena calle en Barcelona"

Ser agradecidos, disfrutar de lo que se tiene y, en definitiva, tener una actitud positiva ante la vida, se presente como se presente, es fundamental para poder ser felices. Y si no que se lo digan a Chelsea Cameron, una joven escocesa de 18 años cuya vida no ha sido de color de rosa, ya que sus padres son drogadictos y desde muy pequeña ha tenido que hacerse cargo de su hermano menor.

Según la denuncia, la entidad catalana “ofreció a dos educadores solucionar de forma fraudulenta jornadas de trabajo suyas que no habían sido dadas de alta en la Seguridad Social”. También se denuncia como “una educadora trabajó en el COA (centro de protección de menores de Zaragoza) sin cobrar, sin contrato y sin ser dada de alta en la SS”. El Comité de Empresa ha remitido también al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) toda la documentación al respecto para que “tome las decisiones oportunas dada la gravedad de los hechos”.

La agonía que viven los centros de menores en la Comunidad Valenciana se prolonga hasta ahora desde el mes de diciembre, cuando dejaron de ingresar la ayuda mensual que reciben de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Desde entonces, este impago, que la Generalitat Valenciana achaca a la falta de ingresos en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), está causando verdaderos estragos que, en algunos casos, llevan a los responsables de los centros a solicitar créditos al banco y a endeudarse con sus trabajadores.

Las estadísticas oficiales (Memoria anual de la Fiscalía General del Estado, presentada en septiembre de 2016) cifran en 414 los menores extranjeros que llegaron solos, en pateras u otras embarcaciones a las costas españolas durante 2015, lo que implica un aumento del 85,5% respecto al año anterior y del 160% si se toma como referencia 2013. Casi en todos los casos (96,8%) se trataba de varones, que mayoritariamente provenían de Argelia (45,4%) y Marruecos (31,4%); el resto, llegaron de países del África Subsahariana, según informó Europa Pres

El Defensor del Pueblo pide a las administraciones públicas que tomen medidas para proteger a las niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual que llegan a España, en muchos casos por las costas andaluzas, y que "desaparecen" de los centros de menores porque no están preparados para responder a sus especiales circunstancias de vulnerabilidad.

El juzgado de instrucción número 41 de Madrid juzgará hoy a tres vigilantes del centro de Primera Acogida de Hortaleza, dependiente de la Comunidad de Madrid, acusados de un delito de lesiones leves a uno de los menores internos. El juicio oral se abre a raíz de la denuncia del menor y la Fundación Raíces, organización que sacó a la luz la situación de algunos menores de este centro que estaban viviendo en un parque de Hortaleza.

#ProstitucionLasLovas, el presunto caso de proxenetismo más complejo instruido por la Justicia en Canarias, pone al descubierto que al menos una de las 4 menores víctimas de posible explotación, ganó hasta 600 euros al día por favores sexuales con adultos.

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves una moción de la CUP para instar al Govern a mejorar la atención a los menores en riesgo y revertir las externalizaciones de todos los servicios vinculados a la Unidad de Detección y Prevención del Maltrato Infantil e Infància Respon.

Los centros de internamiento para menores que se abrieron con la instauración de la dictadura franquista se extendieron por toda España. Eran auténticos reformatorios en los que proliferaban los castigos, los abusos y las violaciones. Como los hogares Mondet en Barcelona, el preventorio de Guadarrama, el de Aguas de Busot (Alicante), Niño Jesús (Almería), San Rafael (Segovia)…

Parten de la base de que los centros tutelados no deben ser el recurso exclusivo para atender a menores, sino un elemento complementario. En todo caso, la última de las opciones. Así abogan por desmontar el sistema actual de atención a menores al completo. "Las soluciones a los problemas deben ser congruentes con la naturaleza del problema, un problema pedagógico no puede ser derivado a psicólogos, jueces y policías”, apunta Enrique Martínez Reguera, veterano educador y pedagogo de jóvenes en casas de tutela.

Los representantes laborales del equipo educativo del Centro de Observación y Acogida (COA) han presentado este miércoles una nueva denuncia ante Inspección de Trabajo por las irregularidades laborales de Intress en la gestión de dicho centro. Es la octava denuncia presentada desde que esta entidad comenzara a gestionar el COA en octubre de 2015. Los educadores de dicho centro llevan en huelga indefinida más de dos años, desde noviembre de 2014, porque, en su opinión, “el actual concurso de gestión precariza la atención a los menores".

Sindicatos, familias, afectados y el Síndic de Greuges denuncian el trato, la saturación y las deficientes instalaciones de algunos centros de menores tutelados por la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). Estos espacios se presupone que deben reunir unas condiciones adecuadas porque sustituyen al hogar familiar de los chavales retirados a sus padres y cuya tutela asume la Generalitat para protegerlos de situaciones de riesgo o desamparo. Y "por tanto tienen que estar mejor que en su casa", puntualizan los expertos

El Síndic de Greuges (el defensor del pueblo catalán) critica que la Generalitat esté reteniendo la pensión de los niños huérfanos para cobrarse la estancia de estos menores en los centros tutelados donde viven. Es algo que no ocurre con los menores tutelados que tienen los padres vivos

Fuentes de los tres ámbitos aseguran a 'Público' que nadie les ha encargado investigar la desaparición de los cinco niños fugados de centros de acogida de Madrid. Su pista se perdió hace una semana en un parque del distrito de Hortaleza. "La fiscalía de menores debería haber abierto diligencias y algún grupo de Policía o Guardia Civil estar buscándolos". Pero no existe ninguna investigación oficial abierta. Es decir, un número de diligencias con un juez encargado de dirigir la investigación junto con un fiscal de menores y un grupo de Policía