Para no conocerse, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el empresario Enrique Ortiz se lo pasaron francamente bien en su Nochevieja en Andorra. laSexta muestra nuevas fotos de esa fiesta, con el principal imputado de la trama Brugal disfrazado por los pasillos del hotel.

La alcaldesa ha ordenado que ni la prensa ni la oposición tengan acceso al registro de la concejalía de Urbanismo justo cuando se impulsa la ubicación de IKEA por parte de Enrique Ortiz

Entrecomillo lo de misterioso porque es un misterio para mí y por lo visto para algunas personas más. Os explico: desde el mes de abril en que empezaron las obras, se ha construido un aparcamiento para la Clínica V76 sita en La Goteta, la particularidad es que está hecho sobre terrenos de titularidad pública (municipal) que según el Plan Parcial "Bon Hivern" (el del Alcampo) aprobado definitivamente en 1998, está calificada como terreno docente, es decir: para hacer un colegio o instituto.

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4, en una sentencia sobre la que no cabe recurso, obliga al Ayuntamiento de Alicante a devolver el 25% de la paga extra que, con motivo de los recortes del Gobierno, se eliminó en el año 2012. Los sindicatos piden a Castedo que aplique el fallo a toda la plantilla y les abone cerca de un millón de euros.

El colectivo de auxiliares administrativos del Ayuntamiento de Alicante –280 funcionarios– están en huelga hoy, coincidiendo con el pleno municipal en el que se han aprobado los presupuestos y la plantilla de 2014.

La alcaldesa de Alicante da por perdida las relaciones con los medios y no comunica noticias de calado, pese a esto, ha creado un puesto de jefe de prensa que cobrará 45.000 euros al año. Su gabinete está obsesionado con controlar todo lo que se publica. El antes y el después de la actitud de la alcaldesa con los medios se dio cuando el fiscal la acusó de tres graves delitos dentro del caso Brugal, en octubre de 2010. La edil aireó el escrito del ministerio público y preparó un argumentario de defensa que esgrimió en rueda de prensa.

El Ayuntamiento de Alicante, con 335.000 habitantes, está en la práctica intervenido por el Estado. Con una deuda financiera de unos 233 millones de euros -cantidad que equivale aproximadamente al presupuesto municipal para 2013 (236 millones de euros) que el equipo de gobierno de Sonia Castedo -imputada junto a su predecesor, Luis Díaz Alperi, por presuntas irregularidades urbanísticas en el caso Brugal- aprobaba en solitario a finales del pasado año.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante tiene previsto presentar alegaciones al presupuesto municipal para subir el sueldo a todo el personal de confianza de la ciudad. En concreto, el borrador del documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, plantea transformar todas las plazas de soporte administrativo y soporte técnico del consistorio en asesores, lo que supondría un incremento salarial de 11.000 euros en cada puesto (los primeros cobran 22.000 euros anuales y los segundos 33.000).

Las encuestas auguran que, hoy por hoy, los populares dejarían de gobernar en Valencia, mientras que en Castellón la izquierda podría ponerle las cosas muy difíciles a Alfonso Bataller. En Alicante, sin embargo, el PP arrasaría de nuevo.

La CAM dispuso de datos muy valiosos sobre el potencial del suelo de Aguamarga que pertenecía a Kelme. Por eso la caja compró estos terrenos en 2008 junto a Bancaja y la Generalita

“El urbanismo de la ciudad está vinculado a satisfacción del amigo personal de la alcaldesa Sonia Castedo: Enrique Ortiz”. “Los intereses económicos de Enrique Ortiz determinaron las decisiones políticas y urbanísticas en Alicante”, según concluyó el abogado de Esquerra Unida (EU), José Luis Romero, personado en el caso Brugal, y que aportó 13 nuevos documentos al juez que avalarían la tesis de la policía, y demostrarían “el pelotazo urbanístico” del Plan Rabassa, según dijo el concejal de Esquerra Unida en Alicante, Miguel Ángel Pavón.

En la reunión mantenida hoy entre los Comités de Empresa y el Jefe de Servicio territorial de la Consellería de Transportes, Luis Felipe Suárez Jorcano, éste ha informado que continua el desacuerdo entre el Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria en relación al sostenimiento de las líneas del TAM durante el año 2013. Esta situación provocará que el TAM deje de operar a partir del 1 de enero próximo. Al parecer, la Consellería pretende contribuir, este 2013, con la misma cantidad que viene aportando estos años y que se limita a 250.000 €, lo q

Lozano Vidal fue sustituido alegando cuestiones organizativas. La concejala de Urbanismo era entonces la actual alcaldesa, Sonia Castedo, del PP. El trabajador, funcionario de carrera, llevaba 14 de sus 18 años en la administración pública en la responsabilidad urbanística. Su salida se produjo tras oponerse a la reparcelación del plan urbanístico de Benalúa Sur, una de las zonas más exclusivas de la ciudad.

El Ayuntamiento de Alicante, con las cuentas intervenidas por el ministerio de Hacienda y con su capacidad recaudatoria cedida a la Diputación para lograr liquidez, se ha gastado casi 66.000 euros en la decoración de la calle San Francisco, un presupuesto equivalente a una hoguera de categoría Especial.

3 aparcamientos públicos, todos ellos explotados en régimen de concesión a Cívica (Empresa del grupo de Enrique Ortiz) son invisibles en la página del catastro. Si no figuran en los planos catastrales de la ciudad de Alicante, debe ser por algo: un error, un olvido, porque no tienen que figurar o por otra causa que no acierto a comprender.

El Ayuntamiento de Alicante debe acogerse al auxilio de Hacienda para pagar sus deudas, y Sonia Castedo asegura que la medida no afectará al bolsillo de los alicantinos. La alcaldesa de Alicante posee un estado de ánimo envidiable, pero deberá demostrarlo con los hechos. ¿Puede funcionar con fluidez un Ayuntamiento que adeuda 200 millones de euros, y que debe abonar cada mes unos elevados intereses?

El "embarazo de riesgo" que ha obligado a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a cogerse unos días de baja empieza este domingo 6 de octubre y concluirá el próximo jueves 17.El último acto institucional de Castedo ha sido la inauguración este sábado de la plaza Arquitecto Miguel López. 24 horas antes presidió los dos consejos de las empresas mixtas de aguas de la ciudad, Emarasa y Aguas de Alicante. La retribución de Castedo por su participación en estos consejos es de más de 2.000 euros.

‘El Mundo’ ha publicado una imagen de una fiesta pijama de la alcaldesa Sonia Castedo junto al empresario Enrique Ortiz. Ambos están imputados por el ‘caso Brugal’ que investiga si Castedo pudo cometer tráfico de influencias y cohecho por supuestos amaños en el plan general urbanístico de Alicante a favor de Ortiz. Aprovechando que cumple un año como imputada en el caso Gonzo se ha...

Los vecinos de Alicante van a tener en el futuro inmediato peores servicios municipales y más caros. Otros, sencillamente, desaparecerán. Y, por si fuera poco, soportarán durante diez años un incremento del 10% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Esta es la consecuencia de una gestión financiera que ha provocado la quiebra económica del Ayuntamiento de Alicante, intervenido por el ministerio de Hacienda ante la imposibilidad de aquél de hacer frente a sus compromisos con los proveedores municipales.

Alicante pagará hipotecas hasta 2022 Castedo y Seva dan barra libre a Montoro a cambio del rescate del consistorio, con el que se pretende evitar que éste vaya a la quiebra.

El Ayuntamiento de Alicante se agarrará al flotador que le ha lanzado el Ministerio de Hacienda para acceder a un crédito de casi 27 millones de euros con el que poder sanear las arcas municipales y la deuda con los proveedores. El rescate lleva aparejadas drásticas medidas de ajuste, entre las que se incluye la obligación de reducir un 5% los gastos y de subir más las tasas, como la de la basura.

Seguimos con el culebrón brugal y sus aforadas personalidades.

El magistrado instructor de la pieza del 'caso Brugal' en la que se investigan presuntas irregularidades en el PGOU de Alicante ha rechazado un recurso interpuesto por la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, contra la decisión del juez de solicitar una serie de diligencias -como las certificaciones registrales de varias fincas y mercantiles y una pericial caligráfica- con el fin de conocer la incidencia sobre el plan urbanístico de los hechos presuntamente delictivos que se investigan.