El líder del PP ha esgrimido este miércoles un nuevo argumento para justificar la negativa del PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial, que acaba de cumplir cuatro años de parálisis. Alberto Núñez Feijóo sostiene que el PP mantiene el bloqueo en la renovación para “proteger el poder judicial”, porque el Gobierno quiere “controlar la justicia y politizarla”.

El Consejo de Europa lo tiene claro: el bloqueo en el Poder Judicial es “muy preocupante”. Un bloqueo que dura ya cuatro años, fruto de la negativa del PP de acometer la renovación de sus miembros. Así, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa –organismo paneuropeo de 46 miembros no dependiente de la UE– “lamenta la falta de avances” en la “independencia y transparencia” de los nombramientos en el ámbito judicial, algo que tiene mucho que con la actitud que lleva ejerciendo el PP durante cuatro años.

Cuando un asunto lleva un retraso de cuatro años llega un momento en que la situación empieza a ser preocupante y no tanto por la demora en sí misma, sino porque empieza a adquirir tintes de normalidad. Este domingo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumplirá cuatro años en funciones, cuando su mandato es de cinco improrrogables. Ha doblado el que hasta ahora era el retraso más largo que se había vivido en el órgano de gobierno de los jueces.

"El Partido Popular bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial porque tiene mayoría en el órgano de gobierno de los jueces, esos vocales del PP impiden la renovación del Tribunal Constitucional donde también hay mayoría conservadora y la mayoría del PP en el tribunal de garantías impide que los dos magistrados elegidos a propuesta del Gobierno tomen posesión".

Puede que no sea la conversación habitual en el metro o en el transporte de camino al trabajo, como dijo la ministra de Justicia, Pilar Llop, pero el bloqueo por casi cuatro años del Poder Judicial va más allá de la batalla política y afecta de forma muy directa a los ciudadanos. Queda particularmente patente el colapso en el Tribunal Supremo, donde las vacantes que no se cubren están provocando que haya menos sentencias, que se tarde más en finalizar los procedimientos y que se acumulen los casos.

El Tribunal Constitucional (TC) ha optado por no examinar inmediatamente a los dos candidatos designados este martes por el Gobierno para formar parte del TC --el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez--, a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombre también a sus dos aspirantes, según las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press.

Pedro Sánchez ha elegido a Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y a Laura Díez, exdirectora general en Moncloa, como los dos magistrados que le corresponde proponer para el Tribunal Constitucional, según ha adelantado El País y ha confirmado elDiario.es. El Consejo de Ministros realizará los nombramientos previsiblemente este martes.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que "una de las consecuencias del bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)" es que "genera efectos indeseados de manera tangencial en el avance de los derechos humanos" en España.Así se lo ha trasladado la titular de Justicia a la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic en un encuentro, según ha informado este jueves el Ministerio.

La negociación entre conservadores y progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la renovación del Tribunal Constitucional sigue estancada por la sucesión de excusas y condiciones cambiantes del núcleo duro de vocales elegidos a propuesta del PP, que lleva más de dos meses dilatando unas designaciones que deberían haberse hecho antes del 13 de septiembre. La última reunión de los interlocutores de ambos sectores, celebrada este miércoles, ha terminado sin ningún avance que permita aventurar un pronto desbloqueo.

Los vocales conservadores siguen sin poner un nombre encima de la mesa mientras ponen pegas al candidato de los progresistas.

El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de noviembre señala que el 39,4% de los encuestados considera al PP como el principal responsable de que no se haya llegado a un acuerdo en las negociones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional, mientras que un 21% de los consultados cree que es el PSOE.

Dice González Pons que Feijóo rompió la negociación del CGPJ porque el gobierno está dividido. ¿En qué quedamos? ¿Sedición? ¿Gobierno dividido?. Nos toman por imbéciles

La presidenta de Madrid ha lanzado una preocupante acusación contra Pedro Sánchez sobre la renovación del cuerpo judicial

Los nueve vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que mostraban su rechazo hasta el momento a apoyar la elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden al órgano, han levantado su veto. En un comunicado hecho público en la noche de este miércoles, el grupo considera "imprescindible" reactivar las conversaciones con el sector progresista para encontrar a dos candidatos de consenso tras el fracaso de la negociación abierta entre el Gobierno y el PP para designar a sus sustitutos en el Consejo.

Seguir exigiendo al PP que cumpla la ley y la Constitución en vez de actuar es pagafantismo político

Félix Bolaños, explicaba tras la ruptura de las conversaciones respecto a los nombramientos que le corresponden al Gobierno para el TC, que "el Ejecutivo ahora tiene que ver las opciones". Se entiende que "no hay alternativa al no acuerdo" y se tilda de "muy grave" la situación en la que ahora queda el CGPJ.

Aquí te dejo lo que decía @Rafa_Hernando en el 2018 con motivo de la última renovación del CGPJ. Es lo que tiene la HEMEROTECA que deja al descubierto esa ley del embudo que practica la derecha española.

Un grupo de personas -políticos, cargos electos, magistrados, periodistas, empresarios- tiene en sus manos el poder de impedir el normal funcionamiento de las instituciones democráticas españolas. Un grupo de poder que es capaz de imponer su voluntad incluso al líder de la oposición. Un grupo de presión que es capaz de marcar el punto exacto en el eje ideológico en el que pueden estar las ideas políticas para ser “tolerables” en unas instituciones que consideran como propias. Un grupo que, además, es capaz de hacer prevalecer sus intereses

Yolanda Díaz, tras el nuevo bloqueo del CGPJ: "El PP lleva 4 años en rebeldía con la Constitución. Creo que Feijóo no está preparado para gobernar, quien no respeta la Constitución no puede gobernar nuestro país"

La lista de la DGT recoge nueve categorías de enfermedades: vasculares, cardiacas, psiquiátricas, neurológicas, endocrinas, digestivas, respiratorias, oncológicas, crónicas y degenerativas.

Resulta que la España que madruga no es la de Santiago Abascal y sus centuriones. El primer gallo que canta al amanecer es Isabel Díaz Ayuso. Según nos relataba ayer Juanma Lamet en El Mundo, "entre las 9.30 y las 10 horas [del jueves], Ayuso decidió escribirle a Feijóo para pedirle que suspendiese las negociaciones" que parecían desencallar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Conocer las horas a las que wasapea Ayuso me parece ya de premio Pulitzer. Le faltó contarnos lo que IDA había desayunado

Desde este jueves por la noche, Feijóo es más Casado que nunca. Con el mismo ecosistema del anterior líder del PP: oposición destructiva, excusas para la no cumplir con la Carta Magna, presión de la derecha mediática ante cualquier acercamiento a Pedro Sánchez y la amenazadora sombra que llega de la Puerta Sol con Isabel Díaz Ayuso marcando el ritmo ideológico del partido.

Ha bastado un susto de la prensa ultramontana de Madrid, algún líder importante del partido como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, y algunos magistrados claramente opuestos al acuerdo, para que Feijóo se haya echado atrás con la excusa de la sedición, que, por otro lado, ya veremos si la vemos y exactamente cómo acaba quedando la propuesta del Gobierno.

El Supremo cuenta con menos jueces, lo que retrasa el dictamen en custodias de hijos, pensiones y hasta en el uso de los patinetes. El Gobierno modificó su ley para poder hacer él mismo el nombramiento de los magistrados del TC que le corresponden y que supondrá el cambio de mayorías del tribunal de garantías, que pasará de conservadora a progresista. En el Constitucional están pendientes de resolución recursos como los presentados contra la ley del aborto, de eutanasia y contra la propia reforma que impide al Cgpj renovar la cúpula judicial.