La Comisión Europea abre una investigación a Renfe por competencia desleal en la venta de billetes electrónicos. Bruselas sospecha que la compañía pública ha abusado de su posición dominante en el mercado al negarse a proporcionar su contenido y datos en tiempo real a otras plataformas de venta, como páginas web o agencias de viajes online.

La CMA ha impedido la compra de Activision propuesta por Microsoft debido a la preocupación de que el acuerdo alteraría el futuro del mercado de juegos en la nube de rápido crecimiento, lo que conduciría a una reducción de la innovación y menos opciones para los jugadores del Reino Unido en los próximos años.

En 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya impuso a 21 marcas de automóviles multas por la fijar los precios mínimos e intercambiar de información

Lo que no vio la Comisión Galega da Competencia, órgano autónomo pero dependiente de la Xunta de Galicia, sí lo vio la justicia: existen indicios de que Monbus y Alsa, dos de las mayores empresas de transporte de viajeros por carretera, “se reparten el mercado” al optar a las concesiones del Gobierno gallego. Competencia había desoído denuncias de pequeñas compañías de autobuses o del sindicato CIG.

El Concello se puso en contacto con Medio Ambiente sin tener una respuesta clara y lo mismo hizo con el mismo resultado con el 112 Galicia. Y mientras unos y otros se ponen de acuerdo sobre a quién le compete, el jabalí sigue en el río.

El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite un recurso de casación de la Abogacía del Estado y ha decidido mantener la rebaja hasta los 50.000 euros de una multa impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Telefónica que originalmente ascendía a 3 millones de euros.

Monbus y Alsa no optaron a todos los lotes en alianza, sino a cinco. Según la Sala de lo Contencioso Administrativo, entre ellos estaban los cuatro de mayor valor del concurso. En cambio, explicaba la sentencia, en los otros 24 lotes no participaban por separado, es decir, no competían entre sí, aspecto que el tribunal consideró sospechoso del reparto de mercado.

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha mostrado sin ambages su frustración con las decisiones de la Audiencia Nacional respecto a las sanciones que han venido imponiendo a decenas de empresas en los últimos años. Fernández ha apuntado que "suspende todas y cada una" de las sanciones que el regulador puede llegar a imponer.

En serio todavía hay gente que no sabe quien tenía las competencias,nos vas a decir que ayuso miente

La infracción está vinculada al artículo 66. 4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la cual recoge una multa por importe de hasta 600.000 euros por la comisión de infracciones leves. Fuentes de la empresa consultadas por La Información han preferido no hacer comentarios. Endesa Energía ya fue multada en 2019 con 40.000 euros por dicho motivo.

Este tipo de ayuda está limitada a una lista muy restringida de sectores, que según Bruselas son "los que están más en riesgo de ser atraídos" hacia Estados Unidos por la Ley de Reducción de la Inflación. Se trata de la producción de baterías, paneles solares, turbinas eólicas, bombas de calor, electrolizadores y captura y almacenamiento de carbono, así como a la obtención de las materias primas fundamentales conexas necesarias para la producción de los equipos correspondientes.

El fabricante del iPhone alega que solo se puso un ordenador a disposición de sus asesores externos y que se ha limitado "injustificadamente la colaboración entre ellos" y se ha restringido su capacidad de análisis.

Su negocio internacional equivale al 76%, pero no hay traslados de sede en estudio. Las grandes constructoras no van a secundar a Ferrovial en su enfrentamiento con el Gobierno y prefieren marcar distancias ante lo que consideran un caso particular, pese a que comparten con la empresa de la familia Del Pino una fuerte proyección internacional, un interés especial por Estados Unidos y, en casi todos los casos, la presencia de un accionista de referencia capaz de promover grandes cambios estratégicos.

Las portabilidades marcan su dato más bajo en seis años tras la guerra de precios del último lustro y justo antes de las subidas y la esperada fusión entre Orange y MásMóvil

También son patronos de la fundación la polémica expresidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, y el banquero Alfredo Sáenz. Y en su consejo asesor están, entre otros, el economista vinculado al PP Daniel Lacalle, que hace unos días firmaba un artículo en el que aseguraba que Ferrovial está “obligada a emigrar para crecer”; la expresidenta de la Sareb y consejera de Santander, Belén Romana, y el ex consejero de Bankia y Caja Madrid Alberto Ibáñez.

Se espera que las autoridades de competencia europeas vinculen la fusión con la obligación de desprenderse de algunos activos. Operadoras como Digi, Finetwork o Avatel ya han mostrado interés en adquirirlos, lo que se convertiría en una nueva red móvil de ámbito nacional que ayude a evitar la concentración en 3 operadoras móviles. Sin embargo, el Gobierno se prepara para hacer una modificación legal que amplíe la cantidad que puede tener una sola operadora, lo que fomentará una disminución de la competencia.

Para cualquier tipo de cambio en una legislación fiscal común en la UE se necesita la aprobación unánime de los 27. Y aquí, claro, llega el problema. Cualquier legislación que ataque el dumping fiscal se encontrará con el voto en contra de al menos uno de los cuatro paraísos fiscales internos. Aquí entra en acción el artículo 116. En caso de que esas consultas no lleguen a ningún acuerdo para eliminar dicha distorsión por el proceso actual, la unanimidad en la toma de decisiones [..] el artículo permite la aprobación de una mayoría cualificada.

Pide al Gobierno una regulación que fije “unos requisitos mínimos de transparencia” en las revisiones de los contratos de las eléctricas tras detectar “comparativas imprecisas, poco claras y no homogéneas” . La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha detectado que las eléctricas están trasladando a sus clientes subidas de precios con “comparativas imprecisas, poco claras y no homogéneas”. Competencia pide al Gobierno cambios en la información que debe figurar en los recibos “para que las comunicaciones de modificación de...

Un mes después del traspaso de las competencias de costas del Gobierno de España a Canarias, los hoteles construidos sobre el hoy Parque Natural de las dunas de Corralejo, un espacio protegido en el norte de Fuerteventura, siguen desatando discrepancias entre ambas administraciones. El Ministerio para la Transición Ecológica entiende que debe seguir gestionando los expedientes de caducidad de las concesiones a la empresa RIU, pero el Gobierno regional considera que ahora le corresponde esa tarea.

El Tribunal Supremo ratifica la multa de 459.024 euros interpuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) por recomendar honorarios en materia de costas y jura de cuentas. La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Supremo aplica en la sentencia fechada a 23 de diciembre de 2023, la misma resolución que días antes había tomado respecto a la misma materia, fijación de honorarios, en los fallos relativos al Colegio de Abogados de Las Palmas y al de Guadalajara.

La Autoridad Garante de la Competencia y los Mercados (AGCM) de Italia ha iniciado una investigación contra siete empresas eléctricas del país por haber pretendido subir de forma ilegal los precios de la luz y el gas natural en el mercado libre cuando una nueva ley había prohibido este tipo de incrementos, según ha informado en un comunicado.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, considera que la ley del litoral de Galicia, cuyo anteproyecto está ahora en fase de exposición pública, es «casi una declaración de independencia», algo que ve «sorprendente» al venir de un partido como el PP, «muy beligerante en cuanto a conservar competencias del Estado frente a posibles actitudes soberanistas».La Xunta cataloga más de 300 bienes en el litoral que se encuentran en estado de abandonado, y podrían evitar la ruina si se transforman en hoteles, centros sociales o museos.