El tribunal considera que la motivación es que ambos llaman la atención a los agresores por estar tirando piedras contra unos cisnes "y no la condición sexual de los denunciantes". "Los agresores no nos pegaron por decirles nada de los cisnes, nos pegaron por ser gays. No nos llamaron 'ecologistas de mierda' ni 'fanáticos de los cisnes'. Nos llamaron maricones", explica Álvaro, uno de los agredidos.

La Audiencia Provincial número 2 de Orense ha ratificado la condena para a M.G.M., la madre que retuvo a su hija asturiana cuando tenía 6 años, en contra de una decisión judicial de la Audiencia Provincial de Asturias que le dio la custodia al padre, a la pena de tres meses de prisión y a la indemnización a su exmarido con la cantidad de 2.000 euros por daños morales.

La Audiencia Provincial de Salamanca ha tenido que absolver a un conductor que el pasado verano fue cazado por el radar a una velocidad de 228 kilómetros por hora en el término municipal de Carpio de Azaba. La curiosa sentencia apunta que ha sido imposible demostrar quién iba al volante por lo que el mismo no tendrá que pagar la multa de 1.620 euros más la retirada del carnet por un espacio de tiempo de al menos dos años.

El Fiscal General ordena repetir la junta de fiscales en la que el jefe de Madrid decidió no someter a votación su imposición de no imputar a un cargo del Gobierno. El fiscal que inició el caso había pedido sin éxito investigar a un alto cargo de Justicia por cambiar la decisión de una registradora de la propiedad en una recalificación. El Consejo Fiscal, que representa a toda la carrera, decidió por unanimidad corregir al jefe provincial, José Javier Polo, y pedir que vote la junta de fiscales

La Audiencia Provincial de Castellón ha dictado un auto que niega a una entidad bancaria la posibilidad de interponer una demanda de ejecución hipotecaria contra un cliente porque el banco prestamista había cedido el crédito a un fondo de titulización. Juzgado de 1ª Instancia entendió que la entidad ejecutante carecía de legitimación activa porque había cedido el crédito a otra mercantil; es decir, el préstamo hipotecario había sido titulizado y transmitido a un fondo hipotecario de titulización de activos, gestionado por una sociedad gestora.

La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 3 años de prisión a un vecino de Silla que intentó asfixiar a su vecino con el cable del cargador de un teléfono móvil, le dejó inconsciente y posteriormente le golpeó en la cabeza con una muleta.

Durante todo el fin de semana mientras había viviendas a punto de arder en la provincia de Lugo, no se movilizaron los bomberos de los parques comarcales de Viveiro, Barreiros y Vilalba, dependientes del Consorcio Provincial de bomberos y que cuentan con más de cien profesionales dotados con equipos de extinción, mientras la provincia de Lugo ardía por las cuatro esquinas. Los propios bomberos se presentaron voluntarios y el Consorcio Provincial no utilizó estos medios para colaborar en los trabajos de extinción.

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a dos años de prisión y al pago de una multa de 360 euros a un empresario y un intermediario como autores de un delito contra los derechos de los trabajadores cometido al reclutar a inmigrantes en situación irregular que percibían un euro por caja de limones recolectados.La sentencia indica que los acusados reconocieron los hechos al inicio de la vista oral y se conformaron con cumplir la pena acordada por el fiscal del caso y sus defensas.

La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la sentencia de un Juzgado de lo Penal en la que se ha condenado a una mujer por agredir a su hijo, de quince años de edad, tras negarse este a dejar el domicilio mientras que ella iba al colegio a recoger a otro hijo, ya que no se fiaba de que se quedara solo en casa.

¿Quién sabía que el PP de Rita Barberá llegaba presuntamente 'dopado' a las elecciones? ¿Se barría debajo de alfombra o había consentimiento desde las altas esferas del partido? Esas preguntas son capitales para la investigación y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha hecho una valoración al respecto.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a todos los acusados en el juicio por el 'caso Guateque', referido a una trama de corrupción vinculada a la concesión de licencias en el Ayuntamiento de la capital, al considerar que todas las pruebas practicadas durante la instrucción son nulas y carentes de validez ya que la grabación magnetofónica que dio origen a la investigación judicial fue realizada sin autorización del juez y al margen de cualquier requisito legal.

El excoordinador de C's en Daimiel, Juan Carlos Sendarrubias, compareció este martes por la mañana ante los medios de comunicación para explicar la demanda presentada tras ser expulsado "injustamente" del partido el pasado abril. Una acción legal emprendida contra el subdelegado provincial, Francisco Fernández Bravo, y Alejandro Ruiz de Pedro, responsable regional de la formación, argumentando "la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales como la presunción de inocencia e indefensión".

La Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana denunció en junio ante la Fiscalía Anticorrupción un presunto fraude en el Hospital Provincial de Castellón, que podría alcanzar los 33 millones de euros de facturas irregulares. Hoy, en una sala del Hospital Provincial, miembros de la Fiscalía e interventores comienzan a repasar una a una las miles de facturas supuestamente ilegales, que se emitieron entre los años 2003 y 2015.

La Audiencia Provincial de Cádiz ha dictado sentencia este pasado 1 de marzo del presente año, por la que confirma el fallo de la Primera Instancia, declarando nulo un contrato de swap de dos millones de euros suscrito el 24 de noviembre de 2016 entre la entidad bancaria y una pequeña empresa gaditana, condenando al Banco Santander a reintegrar esa cantidad al demandante "por endosar un producto financiero diseñado para que el cliente entrara en pérdidas siempre", y además le impone tanto las costas de Primera como de Segunda Instancia.

La justicia pide a la policía que certifique urgentemente las entradas y salidas de España del presunto testaferro del expresidente madrileño, Rudy Valner.. , “se trata de esclarecer cómo se produce el alquiler y la posterior venta del bien inmueble objeto de la causa y para ello es necesario conocer la capacidad económica de los investigados”. Estamos, añade la Audiencia Provincial de Málaga, ante “un posible delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y cohecho” y, por eso, es necesario analizar la relación de los investigados..

La Audiencia Provincial de Asturias, ratifica la condena de 3 años de cárcel para los agresores de un chico homosexual, por el mero hecho de serlo. La víctima sufrió varias lesiones, entre ellas una fractura mandibular, por las que precisó una intervención quirúrgica con anestesia general. Tardó en curar de las lesiones tres meses y medio, de los cuales, ocho días estuvo hospitalizado y 50 impedido para sus ocupaciones habituales. Como secuelas le queda dolor y limitación de la apertura bucal y material de osteosíntesis, con perjuicio estético.

La participación de la UDEF fue propuesta el pasado marzo por la Policía después de que la juez le reclamase una unidad con competencia. Los recursos de Ignacio González para apartar a la UDEF de la investigación del caso Ático se vieron acompañados el pasado mes de noviembre con un escrito en el que cargaba contra la Policía, además de contra la propia juez Isabel Conejo, su antecesora y la prensa. Los jueces consideran justificada la intervención de la UDEF por los "graves actos" investigados que incluyen delitos fiscales, cohecho y blanqueo.

Un hombre fue condenado en el año 2015 por el Juzgado de Violencia sobre la mujer n.º 1 de Badalona.En varias ocasiones entró el perfil de la red social de Facebook de María e interactuó haciendo comentarios tipo «me gusta» además de acercarse a una parada de metro sita a la distancia mínima que marcaba la condena.Tanto el juzgado como la audiencia provincial consideraron al autor responsable de un delito de quebrantamiento de condena, previsto y penado en el artículo 468.1 y 2 del Código Penal.

El St. Patrick’s English School de San Sebastián y el padre de una alumna de 13 años de este colegio han sido condenados a indemnizar con 24.000 euros por “los daños y perjuicios” causados a una profesora del centro. Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, la docente sufrió una campaña de ciberacoso, liderada por una de sus estudiantes, que le causó una “honda depresión”, y ni el centro ni el padre de la acosadora hicieron lo suficiente para impedirlo.

La Audiencia Provincial de Madrid condena al padre como autor de un delito de detención ilegal y otro de violencia en el ámbito familiar. La madre ha sido considerada culpable del primero de esos delitos. La pareja defendió que la menor no estaba retenida en una habitación sin ventanas, como sostuvo el fiscal, sino que estaba "castigada" sin salir de casa. Durante su encierro, la menor escribió una nota pidiendo auxilio que un vecino encontró en el patio del edificio. Fue esta persona quien alertó a la Policía, que se personó en la vivienda

El 12 de enero de 2016 comenzó el juicio por el caso del Madrid Arena. Entre uno de los 15 acusados se encuentra el promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores. En total, se enfrentan a cinco delitos de homicidio imprudente, para los que se les pide una condena máxima de cuatro años de prisión.

El PP de la provincia de Valencia no gana para sustos. El último se ha producido al hacerse públicas las declaraciones del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, en relación a las presuntas mordidas que se cobraban a las empresas que trabajaban para Imelsa y Ciegsa. Según consta en el sumario al que ha tenido acceso Valencia Plaza, Benavent implica de forma directa al actual presidente del PP de la provincia de Valencia, y diputado autonómico, Vicente Betoret.