Las organizaciones sindicales UGT, CCOO y SPU-USO han sostienen que no van a quedarse de "brazos cruzados" ante el "terrible ataque a lo derechos y libertades más básicas de una democracia" que supusieron los hechos ocurridos este viernes en la jornada de votación para que los funcionarios de justicia se pronunciaran sobre el preacuerdo alcanzado con la Xunta para poner fin a la huelga indefinida desde el pasado día 7.

Tres altos mandos del Ejército de Tierra han sido imputados tras la denuncia de una mujer que asegura haber sido coaccionada para que abortase si quería seguir con normalidad su formación en la academia militar. La mujer es ahora sargento pero, en el momento de los hechos era una alumna de la Academia de Artillería de Segovia. Fue presionada por los tres altos mandos para que interrumpiera su embarazo. De no hacerlo, la obligarían a repetir el curso. Se trata de dos comandantes y un brigada.

Los abogados que representan a la empresa de Trump en la Ciudad de Panamá apelaron directamente al presidente Juan Carlos Varela de Panamá para que intercediera. En una carta del 22 de marzo, el bufete de abogados panameño Britton e Iglesias le dijo al Sr. Varela que le escribía "para solicitar de manera URGENTE" su intervención. Los abogados le pidieron a Varela que use sus "buenos oficios" no sea que culpen a su gobierno por lo que llamaron "los daños que está causando esta administración de justicia excesivamente mala".

Araceli Sainz, militante del partido naranja que fue víctima de violencia machista, relata el miedo que sintió por los insultos y la encerrona de algunas manifestantes durante la marcha feminista.

El juez estima que lo que perseguía la empresa con el “despido fulminante” del sindicalista era atemorizar a la plantilla.

José Luis Peñas, Azahara Peralta, Ana Garrido... hasta Marjaliza. Son muchos los denunciantes de la corrupción o incluso quienes han confesado los que han sufrido las consecuencias de tomar esta medida. Azahara Peralta perdió su puesto de trabajo en Acuamed, José Luis Peñas denunció amenazas y que un coche sacó de la carretera a su mujer, Ana Garrido perdió su puesto y, ahora, Marjaliza tiene protección policial tras la petición del juez.

El recurso a la 'coacción federal' condujo a la activación del principio de legitimidad democrática por parte del presidente del Gobierno,pero también,por otro,a la interposición por el Fiscal General del Estado de querellas por rebelión contra dirigentes nacionalistas ante la AN y el TS.El recurso simultáneo al principio de legitimación democrática y a los tribunales de Justicia para dar respuesta al mismo problema no es posible.La activación del principio de legitimidad democrática queda anulada por la acción judicial.El Poder Judicial no..

El discurso de Rajoy ha sido un discurso de guerra.Tanto en el fondo como en la forma.Y como tal ha sido entendido y recibido por los senadores del PP.No parecía que estuviéramos en una Cámara que se encuentra en el momento más grave desde la entrada en vigor de la Constitución,sino ante los asistentes a un mitin.En la interpretación del Gobierno la activación del 155 CE supone la liquidación del núcleo esencial de la democracia.¿Es únicamente este el derecho que puede verse afectado? ¿Pueden verse afectados los derechos a recibir y transmitir

Una estudiante de la Universidad Autónoma de Barcelona describe, bajo anonimato, el clima de coacción que ejercen los independentistas [...] La UAB es el reino del terror, el reino del SEPC (Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes), este grupúsculo de infraseres se caracterizan por ser un oxímoron en sí mismos: nacionalistas y extrema-izquierda, todo en uno [...] La universidad no lleva a cabo ninguna medida para proteger al alumnado.

Si el Gobierno acaba activando el artículo 155 CE,no será posible poner en marcha la reforma de la Constitución,el gran compromiso que Pedro Sánchez consiguió arrancarle al Presidente del Gobierno.La Constitución no lo prohíbe expresamente,ya que en su artículo 169 impide que se inicie “la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116”,pero no dice nada respecto de la “coacción federal” prevista en el artículo 155 CE. La situación en la que se encontraría Catalunya..

El objetivo de la Generalitat es quedarse con todos los impuestos nacionales. Se trata del siguiente paso en el corte de relaciones con el resto de España. Y consiste en coaccionar a las empresas para que gestionen el pago de todos los impuestos a través de la Hacienda catalana. Ese primer paso no es ilegal. Pero sí el objetivo de la Generalitat: una vez que tenga la tramitación de toda la recaudación, pretende cortar el flujo de recaudación hacia la Hacienda nacional, quedándose toda la recaudación de unos impuestos que no le corresponden.

Jesús Bermejo, representante del grupo francés, ha sido el encargado de defender la posición de la empresa frente a la de un exfranquiciado que asegura haber sido arruinado.

Esto último, esta nueva oleada represiva e inquisitorial surgida de la propia ciudadanía, es mucho más grave de lo que parece, pues refleja que ya está preparado el caldo de cultivo para que ni tan siquiera sea necesaria la intervención directa represiva del Estado contra determinados actos o actividades, sino que son los propios individuos o diversas asociaciones las que hacen de nueva Gestapo, de nueva Checa, denunciando a las autoridades para que tomen las medidas oportunas. Cediendo a la anécdota-o no tan anécdota...

La Fiscalía Superior de Cataluña ha archivado la denuncia que el empresario Rafael Pallardó interpuso contra tres fiscales Anticorrupción, José Grinda, Fernando Bermejo y Juan José Rosa, por un posible delito de coacciones. El instructor de las pesquisas considera que los hechos relatados en la denuncia no han podido ser probados.

La institución municipal, gobernada por el PP y dos tránsfugas de C’s, está acusada de amenazar a empleados para que firmen el finiquito antes de la finalización del contrato. Comisiones Obreras ha llevado el caso ante los tribunales y la Inspección de Trabajo.

Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha recibido en el Pleno del Congreso el apoyo anunciado por el PSOE, Esquerra Republicana, PNV y PDeCAT para admitir a trámite su proposición de ley, que supone la derogación en el Código Penal del delito de coacción de los piquetes durante una huelga y la anulación de todas aquellas causas, en firme o en proceso, por ese artículo.

Las denuncias de numerosos militantes sobre las coacciones que el equipo de la candidata socialista a las primarias Susana Díaz están empleando a todos los niveles para conseguir que avalen antes del 4 de mayo su candidatura en detrimento de la de Pedro Sánchez se extienden por numerosos puntos del país en una lucha interna que se libra pueblo a pueblo, provincia a provincia, comunidad autónoma a comunidad autónoma. Estas amenazas están siendo contempladas con absoluto silencio y pasividad por parte de la gestora interina del PSOE.

Ourense común hizo pública la carta que el superintendente de la policía local ordenó a uno de sus consejeros, Joy Pine. La marea Ourense recuerda que "el superintendente Abelardo Ulloa fue acusado en 2012 de soborno y tráfico de influencias en el marco de la Operación Pokemon, y continúa acusado hoy".

El finiquito es el documento que manifiesta la voluntad tanto de empresa como de trabajador de “romper” o extinguir la relación laboral que les unía. Firmar un finiquito conlleva una aceptación de la decisión extintiva y por tanto una declaración de hallarse saldado y finiquitado por todos los conceptos y por tanto un compromiso de no reclamar nada más de esa relación laboral. Sin embargo, no siempre la firma del finiquito conlleva renunciar a salarios, indemnización e impugnación del despido.

Aunque al final no lo hizo, Cristina Cifuentes pudo este miércoles complicar mucho la suerte judicial que le espera a Francisco Marhuenda y Mauricio Casals, los dos directivos de La Razón a los que el magistrado imputó.

Entidades como la PAH denuncian sus prácticas, tildándolas de "matonismo" y "extorsión", y alertan del peligro que suponen para los "derechos de las personas". La empresa destaca que su actividad es legal y que "ofrece un servicio", por lo que no ve motivos para la investigación judicial por un desahucioDesokupa practica 20 desalojos semanales, se les vincula con la extrema derecha y abrirá este año...

El presente artículo no va a realizar un estudio social ni estadístico de una lacra social que, como todas las demás, deben ser erradicadas. Únicamente pretendo realizar el estudio sobre los delitos establecidos en el sistema jurídico. "Un ejemplo de una conducta que sería considerada como coacción leve es modificar la cerradura del domicilio impidiendo la entrada del que legítimamente tiene derecho a entrar. Si es el marido el que realiza esta conducta es calificado como delito, mientras que si lo realiza la esposa, es una mera falta".