La jueza Mercedes Alaya tomó declaración como imputado Antonio Rodrigo Torrijos (IU) acusándole de maquinación para alterar el precio de las cosas, prevaricación, fraude y exacción ilegal de funcionarios públicos y un delito societario. Alaya considera que Torrijos preparó "a sabiendas de su injusticia", de común acuerdo con el resto de los inculpados un concurso público amañado para que la constructora malagueña Sando se hiciera con los terrenos de Mercasevilla, sociedad pública participada por el Ayuntamiento de Sevilla y el M. de Hacienda.

Distante, fría e imperturbable son algunos de los calificativos que definen a la juez, cuya investigación, tiene en jaque a la Junta. Pero Alaya es además una magistrada tan capacitada como vehemente en sus autos, Mercedes Alaya, la juez que tiene contra las cuerdas a la Junta de Andalucía, ocupe el mismo despacho que hace veinte años tenía Angel Márquez, aquel magistrado cuya investigación sobre las andanzas de Juan Guerra en su famoso despacho hizo dimitir al mismísimo vicepresidente del Gobierno.