A la dura realidad que viven millones de jóvenes en España actualmente, con los precios de la vivienda disparados, contratos precarios y la inflación tan elevada, se le suma una aún más dolorosa: los millenials solo podrán acceder a una vivienda en el momento más triste de sus vidas.

Unas 600 viviendas de uso turístico (VUTs) tendrán que echar el cierre en Santiago tras la decisión del ayuntamiento de no legalizarlas. Eso o volver al mercado residencial. La ordenanza que establecerá la relación entre el alquiler vacacional y la vivienda habitual deja sin posibilidad de encaje a todos los negocios que venían funcionando sin la preceptiva habilitación municipal, pero que confiaban ahora en una regularización que, según el gobierno local, debían haber tramitado en su momento oportuno. “Nos eliminan del mapa”, se lamenta la pre

Lo instructivo del caso del chalé de Peinado es comprobar hasta qué punto utilizamos varas distintas para medir la conducta de quienes encarnan los distintos poderes del Estado. Si tu actividad está encuadrada en el poder legislativo o el poder ejecutivo, ándate con ojo, sobre todo si eres de izquierdas, pues el más mínimo tropiezo puede costarte la carrera, y no solo a ti sino también a tus familiares más cercanos, particularmente si quienes investigan tu imprudencia son jueces tan sobrados de sí mismos como Peinado o García Castellón.

Vivir en una habitación en un piso compartido es para muchas personas la única escapatoria ante los precios desorbitados de los alquileres. El vacío legal da rienda suelta a los propietarios para buscar más rentabilidad a sus inmuebles.

Solo subían, ni siquiera se mantenían en épocas de poca demanda. Hay pleitos contra la empresa de software RealPage que trabajaba con al menos 21 grandes propietarios e inversores institucionales (que abarcan el 70% de los edificios de apartamentos multifamiliares y 16 millones de unidades en todo EE.UU.), para aumentar sistemáticamente los alquileres. Personalizan los precios una vez tienen los datos del usuario. De esta manera, el bien ya no está ligado tanto al coste, sino al cálculo aproximado de lo que una persona podría llegar a pagar.

El Ayuntamiento de Barcelona está redoblando su presión sobre Booking para que deje de colgar tantos anuncios de alojamientos turísticos ilegales orquestados por mafias.Hablamos entre otras de las bandas de los rusos y también de los suecos con origen chileno que con una documentación muy convincente se hacen pasar por expats para engañar a los propietarios, alquilar sus inmuebles y convertirlos en pensiones clandestinas muy cucas.Además, últimamente muchos propietarios denuncian las dificultades de Booking a la hora de retirar los anuncios.

La Casa de Alba ya no tiene precintados los pozos sin licencia de su finca de Aljóbar, ubicada en término del municipio sevillano de Aznalcázar a tiro de piedra del parque nacional de Doñana. El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor ha decidido retirar las medidas cautelares que impedían el uso de estas instalaciones, que son las mismas que están bajo sospecha –por su posible utilización para “riegos ilegítimos”– en la causa judicial abierta en la que se investiga un posible delito ambiental.

La Secretaría de Pesca de la Nación le aplicó una multa ínfima a los armadores del buque Tai An, que fue detectado pescando 175 toneladas de merluza negra en los mares del sur de nuestra Zona Económica Exclusiva, pero actuó la justicia y allí no hubo ni miramientos ni gestiones políticas que morigeraran la decisión. La justicia fue dura.

Una empleada estuvo décadas trabajando en la fábrica de Balaídos encadenando subcontrata tras subcontrata. Meses después de que pidiese que Stellantis la contratase directamente, fue despedida. Según figura en la sentencia de la Sala de lo Social del TXSG a la que ha tenido acceso esta redacción, los jueces ven probado, que la trabajadora recurrente llevaba trabajando en la fábrica de Stellantis en Balaídos desde 2004, es decir, 20 años. Eso sí, nunca había sido trabajadora de la multinacional del automóvil.

Pedro es un joven canario con una discapacidad del 88% causada por un ictus que sufrió en el año 2018. La enfermedad vascular le dejó en silla de ruedas y, desde entonces cobra un pensión de 600 euros al mes con la que no puede costearse una vivienda (si quiere comer). Hasta hace poco tiempo, vivía en casa de un amigo pero éste no pudo seguir acogiéndole, por lo que se fue a vivir con otra persona que "le ha echado a la calle". Desde hace 15 días, no tiene donde vivir y se encuentra en estado de indigencia, pidiendo limosna en Playa del Inglés.

En concreto, tal y como ha tenido conocimiento en exclusiva ElPlural.com, la justicia obligó al juez que lidera la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a abonar la cantidad 75.366,61 euros a raíz de haber acometido las obras del chalet de lujo en su parcela (de 2.866 metros cuadrados de superficie) que aún a día de hoy figura en el Catastro Inmobiliario como un almacén.

El problema de los descartes ilegales de atún en el mar balear no cesa. La Fundación Marilles ha advertido, una vez más, de que existen barcos atuneros que arrojan al mar las capturas que mueren durante sus operaciones para que no se les compute en la cuota de pesca que tienen asignada cada una de las embarcaciones. «No queremos un cementerio de atunes en nuestras aguas. Es evidente que algo huele mal en el negocio de las granjas de engorde de atún»

Hans van de Rakt es la cabeza pensante de esta curiosa iniciativa, que está en fase muy inicial. No es ninguna novedad que la vivienda en Ibiza cada vez es más inaccesible, por lo que muchas personas han optado por marcharse de la isla u otras han tomado la decisión de quedarse, pero hospedarse en cámpings, por ejemplo. Este último caso es el de Hans van de Rakt, holandés de nacimiento y que vive en la isla desde hace cuatro años.

El Departamento de Lucha contra el Intrusismo del Consell de Ibiza ha remitido al Ibavi el expediente abierto contra una ciudadana española, propietaria de una vivienda de protección oficial ubicada en Puig d'en Valls, en el término municipal de Santa Eulària, que alquilaba habitaciones a través del portal de reservas Airbnb.