La explotación económica de mujeres, motor de las tramas de prostitución, goza en nuestro país de impunidad, gracias al Código Penal de 1995, que derogó importantes tipos penales que actuaban como eficaces muros de contención de la actividad del proxenetismo. Los efectos de esta despenalización pudieron constatarse de forma inmediata. Pasamos, en un brevísimo espacio de tiempo, de ser un país de tránsito a ser un país de destino de mujeres prostituidas; incluso hoy somos una plaza de turismo sexual, especialmente, Cataluña.