Los sobrecostes escandalosos en las obras de carreteras de la Diputación de Valencia, las luces LED del empresario amigo de Alfonso Rus y la etapa anterior a Marcos Benavent en la saqueada empresa pública Imelsa son algunos de los aspectos sin investigar.

La comisión de investigación sobre Taula en les Corts citará, entre otros comparecientes, al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, al expresidente de la diputación, Alfonso Rus y a Álvaro Pérez, El Bigotes, según el plan de trabajo aprobado este lunes. Investigará la parte del caso que afecta a los contratos de la Generalitat con determinadas empresas para averiguar si estas financiaron al Partido Popular.

La familia Lladró irrumpe de rebote dentro del caso Taula, concretamente en la pieza del pitufeo, la que investiga la presunta financiación irregular del PPCV de Rita Barberá, así como el blanqueo de cerca de 50.000 euros. En un escrito, el fiscal Anticorrupción solicita ampliar la información sobre la empresa Laterne, vinculada a unos pagos de 372.000 euros hechos a la fundación municipal Turismo Valencia, en un cruce de facturas anormal a ojos de los investigadores, pues en dicho cruce aparece Lladró.

La corrupción no termina de desvincularse del PPCV y para muestra un botón. En la lista de compromisarios que los afiliados del distrito de Marítimo deben votar aparece como candidato Ignacio Pou, asesor del grupo municipal del PP de València, que está imputado por un presunto delito de blanqueo.

El fallecimiento este sábado de la exconcejala del PP de València e imputada en el caso Taula María José Alcón ha tenido como primera consecuencia jurídica la solicitud de archivo por parte de una de las defensas de la pieza conocida como el pitufeo. Dicha pieza es la que investiga si todo el grupo municipal del PP de València excepto cuatro personas cometió un delito de blanqueo de capitales con la finalidad de financiar ilegalmente al partido para las elecciones del 2015, así como un delito electoral.

Otra persona del PP que muere siendo imputada. En este caso la exconcejala de Valencia maria José Alcón ha sido hallada sin vida en Callosa d'en Sarriá.

Marcos Benavent señala que el expresidente de la Generalitat y el exvicepresidente Víctor Campos ordenaron que el PP provincial se financiara a través de la empresa pública de construcción de colegios que terminó con más de 1.000 millones de deuda. Los contratistas de Ciegsa habrían pagado mordidas para el PP provincial de los sobrecostes y modificados de obra de la construcción de centros educativos en la Comunidad Valenciana.

Dice la periodista especializada en corrupción, Laura Ballester, que la corrupción es un organismo vivo que se retroalimenta a sí misma. Esta deficinición es de las más precisas que se hayan podido hacer nunca, y la corrupción valenciana es el mejor ejemplo de ello. Dentro del repaso que estamos ofreciendo de los casos valencianos es preciso hacer una parada técnica y explicar algunas cosas que si no se hace un reportaje específico no se entenderían bien.

Entre los investigados se encuentran, además de las personas que supuestamente cobraban sin ir a trabajar, el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus; el ex vicepresidente y responsable de Ciegsa, Máximo Caturla; el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent. El autodenominado yonki del dinero, Benavent, durante su declaración, declaró que "todos los trabajadores eran enchufados. Que la mayoría de asesores no hacían nada, que ni siquiera iban por allí".

Hace algo más de dos años que dio el pistoletazo de salida a la que hasta ahora se ha perfilado como la mayor trama de ‘saqueo’ del erario valenciano

El PP de Rita Barberá y Alfonso Grau compró, un mes antes de perder las elecciones municipales en mayo de 2015, dos máquinas trituradoras de papel para destruir facturas e información contable y fiscal de la fundación pública Turismo Valencia Convention Bureau (TVCB). Según consta en un informe enviado al juzgado que investiga el caso Taula.

Podría incorporar la confesión de Costa en el 'caso Taula, sobre el pago de comisiones de constructoras a cargos del PP;pago de comisiones por la construcción de colegios a través de la empresa pública Ciegsa.Según un informe de la GC,"Camps tendría conocimiento del uso que se estaría haciendo de la empresa Ciegsa,ya que Alfonso Rus habría hablado con él";también está analizando la información que tiene contra Camps por la causa de la Fórmula 1.Este miércoles,la juez rechazó el recurso interpuesto por el expresidente de la Generalitat Valencia

La empresa de la Generalitat para la construcción y reparación de colegios públicos Ciegsa acabó con un agujero de más de mil millones de euros antes de su quiebra técnica. La mala gestión, los sobrecostes y las corruptelas hundieron esta sociedad pública que nació con la mejor intención pero que se convirtió en un nido de enchufados y contratos para empresas y bufetes de abogados amigos del PP. El juez ya investiga la contratación de 16 personas que llegaron a cobrar de la empresa pública pero que jamás pusieron un pie en sus dependencias.

En un alarde de imaginación, la tesorera afirma que dar bocadillos y mantener la barriga llena de periodistas e interventores, obviamente pagados con dinero público, “puede ser tan necesario para el funcionamiento de los servicios precisos para las elecciones y para el desarrollo de la campaña electoral, como puedan ser la realización de carteles o propaganda”.

El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau no ha abonado la fianza de un millón de euros que el magistrado le requirió para cubrir las posibles responsabilidades civiles en caso de condena, como investigado por un delito de malversación de caudales públicos en el caso Taula. Grau dispone ahora de diez días para cubrir la fianza con sus propios bienes.

El fiscal del Caso Valmor pidió a la juez que prolongara el secreto de sumario al encontrar correos de negocios de Laterne, la sociedad que están siendo investigada en el caso Taula por la financiación ilegal del PP de València

La Taula per la Democracia, integrada por los sindicatos y entidades CCOO, USOC, Pimec, Cecot, Fapac, ANC, Omnium y muchos otros, han convocado huelga general para este martes 3 de octubre en un "paro de país" como respuesta a las cargas policiales por el referendum.

La Guardia Civil ha establecido el puente que une el caso Púnica y el caso Taula, el de la financiación irregular del Partido Popular en la Ciudad de Valencia.Según la Uco los tres altos cargos populares que intercedieron para la contratación del conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro, también estarían relacionados con el pitufeo y los delitos electorales del PP de Rita Barberá entre los años 2007 y 2015. El actual concejal del PP en Valencia Alberto Mendoza Seguí, el exteniente de alcalde Miquel Domínguez -que ahora es diputado..

El sistema recaudatorio del grupo municipal del PP de València alcanzó su cúspide en 2007. Ni más ni menos que logró ingresar en B el 35% de todo el dinero que el PP nacional destinó a las elecciones municipales y autonómicas de ese año, tal y como se puede ver en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) hecho público este pasado viernes.

¿Quién sabía que el PP de Rita Barberá llegaba presuntamente 'dopado' a las elecciones? ¿Se barría debajo de alfombra o había consentimiento desde las altas esferas del partido? Esas preguntas son capitales para la investigación y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha hecho una valoración al respecto.

El Partido Popular de la ciudad de València se financió ilegalmente en la campaña electoral de 2007, en la que la exalcaldesa Rita Barberá alcanzó su techo electoral, y el director de orquesta fue su lugarteniente, el vicealcalde, Alfonso Grau, según concluye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe recién incorporado al Caso Taula.