La Fiscalía se ha alineado con los abogados del 15M y cree que debe aceptarse su demanda contra la Delegación de Gobierno de Madrid, por la ‘represión de baja intensidad’ que denuncian los activistas. Ese es el nombre que le dan, según una información publicada por Infolibre, a las sanciones administrativas, que pueden llegar hasta los 1.200 euros, que el organismo que dirige Cristina Cifuentes impone a su gusto entre los ciudadanos que participan en manifestaciones que no han sido notificadas a la Delegación.