La UCO, el servicio especializado de la Guardia Civil en investigación, pidió hace once meses a la Junta que le remitiese los movimientos de las 13 cajas fuerte, 13 nada menos, que la Fundación Andaluza para el Fondo de Formación para el Empleo (Faffe) tenía en su sede oficial. Contrasta este comportamiento con la apariencia de la Junta de exigir la declaración de su exdirector Fernando Villén, el titular de las tarjetas conocidas como "sex-black" por su uso en varios prostíbulos.

El exdirector de la extinta Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe), Fernando Villén, declarará mañana viernes en un juzgado de Sevilla por el uso de tres tarjetas de este organismo a su nombre con las que gastó, según la UCO, 31.968 euros en cinco prostíbulos de Sevilla, Córdoba y Cádiz.

Por un lado, la sentencia de la pieza política del Caso Eres y por otro lo sucedido en la FAFFE y, en este espinoso y pringoso tema, la desconcertante cuestión que nadie aclara: cuántos de aquella docena de puteros que se gastaron el dinero público mediante tarjeta de crédito de la Faffe, aún permanecen incrustados en el ejecutivo de Susana Díaz.

La UCO rastrea pagos realizados en un club de alterne de Sevilla (Club D’Angelo) con cargo a una tarjeta de crédito vinculada a una cuenta corriente de la extinta Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe), un organismo de la Junta de Andalucía dedicado a la organización de cursos de formación y al que un juzgado investiga por fraude millonario en la adjudicación de contratos. La juez investiga a la Faffe por adjudicar irregularmente contratos por al menos 9,46 millones.La GC intenta acceder desde julio de 2016 a la documentación

El TSJA cambia de criterio sobre el enchufismo El alto tribunal andaluz asume la tesis del Tribunal Supremo y anula una medida cautelar sobre los antiguos trabajadores de la Faffe.

Alumnos de cursos de formación son abandonados en el limbo administrativo debido a la suspensión de los cursos por parte de la extinta FAFFE.

Stop al decretazo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha paralizado, como medida cautelar, la integración del personal laboral de la Fundación Pública Andaluza Fondo y Formación y Empleo (Faffe) y Consorcios de Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la nueva agencia creada al amparo de la conocida como ley del enchufismo o decretazo.

La Junta fulmina a la cúpula directiva procedente de la extinta fundación para la formación y el empleo. Inquietud en los trabajadores de Faffe por su situación laboral: casi la mitad acaban contrato a final de año

La polémica reordenación del sector público promovida por el Gobierno andaluz ha supuesto una sustancial mejora laboral para 1.552 personas que estaban contratadas por la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y que, tras la disolución del ente, han pasado de forma automática a ser absorbidos por la nueva Agencia Servicio Andaluz de Empleo (SAE). El SAE se ha transformado en una agencia de régimen especial dentro de la reforma del sector público, lo que los funcionarios han calificado como «ley del enchufismo».

Antonio Reyes es hermano del Secretario General del PSOE de Jaén (Francisco Reyes). Antonio está contratado a dedo por la FAFFE, Fundación Andalucía del Fondo Formación y Empleo y trabaja en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Jaén. En esa carta que ya se ha hecho desaparecer conveniente de su blog, Antonio Reyes se refería despectivamente a los funcionarios y laborales de la Junta contrarios al "decretazo" de José Antonio Griñán.