La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha afirmado durante la rueda de prensa del Ejecutivo que sólo respondería preguntas en castellano si con anterioridad se había formulado esta pregunta en catalán. Es decir, Budó sólo quiere hacer traducciones en castellano de sus propias respuestas en catalán, pero no tener que responder preguntas nuevas.

Pujol fue condenado a dos años y medio de cárcel por el 'caso ITV' e ingresó voluntariamente en prisión a mediados de enero después que la Audiencia de Barcelona rechazase suspender la pena impuesta. A finales de marzo, tras pasar unos 60 días en la cárcel, la Secretaria de Mesures Penals resolvió aplicarle el tercer grado, por el que sólo acudía a dormir a prisión de lunes a viernes.

La asociación Barcelona Global asegura que el Govern debería haber desarrollado «una acción más firme» en su ámbito competencial en Barcelona y su área metropolitana.

a corresponsal de Antena 3 en Catalunya, Blanca Basiano, ha remarcado que “los números son evidentes”, pero Budó ha insistido en defender la victoria independentista en la capital catalana porque “quince concejales independentistas son más de los que suman los otros grupos, no juntos, sino mayoritariamente”.

El Ejecutivo de Puigdemont habría usado la revista de una ONG próxima al PDeCAT para inyectar en el procés fondos de organismos y entes públicos controlados por la Generalitat

La Fiscalía de Barcelona pretende que las 30 personas −entre ellas, altos cargos de la Generalitat− procesadas por la organización del referéndum del 1-O sean juzgadas, también, por organización criminal. El planteamiento del ministerio público en la causa abierta por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona contrasta con el que mantiene en el Tribunal Supremo, donde en ningún caso se ha planteado juzgar por pertenencia a organización criminal a los líderes independentistas que organizaron la consulta ilegal.

La Policía Nacional está investigando el destino de decenas de subvenciones públicas concedidas por la Dirección General de Deportes de la Generalitat de Cataluña durante los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont ante la acumulación de indicios de que habrían sido concedidas de forma irregular para favorecer a entidades independentistas y, también, en beneficio propio de los máximos responsables de ese organismo.

"Existe una clara oferta de diálogo del Gobierno español y está claro que el Gobierno español no puede simplemente ignorar la Constitución. Eso sí sería una vulneración del Estado de Derecho", ha señalado Timmermans, quien ha afeado al independentismo catalán que pida al Gobierno y a las instituciones europeas que intervengan para que los líderes independentistas en prisión sean puestos en libertad.

El Govern ha abierto expedientes sancionadores a la empresa Prestige & Limousine, del grupo Cabify, por incumplir con el plazo mínimo de precontratación de 15 minutos que fija el decreto ley sobre vehículos de alquiler con conductor (VTC), después de haber constado en inspecciones a pie de calle que no lo respeta. Los expedientes sancionadores han llegado después de que la Conselleria de Territorio abriera el pasado 11 de marzo un expediente informativo a la compañía para que aclarese los términos de contratación y prestación del servicio.

En 2017 hubo 393 delitos de odio. Y lo más peligroso: en ese ejercicio hubo 121 delitos de orientación política, un 124% más que en el año anterior, cuando se contabilizaron solo 54. Esta escalada de violencia política es ninguneada por el Gobierno catalán. Adam Majó, director de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos, se limitó a definir el prototipo del violento: vestido de negro, encapuchado, armado con cúteres u objetos contundentes... Una directa alusión a los que arrancan lazos amarillos.

El Tribunal de Cuentas concluye que entre 2011 y 2017 la Generalitat pudo usar indebidamente fondos para promocionar las tesis independentistas en el extranjero. El pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado hoy un informe sobre la acción exterior de la Generalitat catalana entre 2011 y 2017, en el que se aprecia un posible uso indebido de fondos públicos para promocionar las tesis independentistas en el extranjero a través de estas "embajadas".

Todavía con la condena por el 9-N en la memoria, en la que el ex presidente de la Generalitat Artur Mas y varios de los cargos de su Govern fueron condenados a abonar 4,9 millones de euros de su patrimonio por la celebración de esta consulta suspendida por el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas ha iniciado su procedimiento de responsabilidad contable por el referéndum del 1 de octubre.

Llega incluso a decir que muchos andaluces no pronuncian bien la z (“como en toda Latinoamérica”) por influencia de los catalanes, que habían “conquistado y parcialmente repoblado por parte de catalanohablantes Granada, parte de Almería y parte de Málaga”.

Así lo sostiene la Guardia Civil en un informe remitido al titular del Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona

Fondos buitre nacionales e internacionales se han aproximado a varias de las grandes empresas VTC españolas para comprar los pleitos millonarios que iniciarán estas compañías contra la Generalitat por la retirada de Uber y Cabify de la ciudad de Barcelona. Según han confirmado fuentes financieras e inversores en empresas VTC, las negociaciones han arrancado durante las dos últimas semanas.

El Gobierno ya ha asumido su derrota. La ministra de Hacienda da por hecho que los independentistas no permitirán la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), les acusa de ponerse del lado de los partidos de derecha en la votación y, lejos de ceder en la negociación, ha dado portazo a las exigencias de las formaciones separatistas: "El Gobierno no va a admitir en ningún orden del día el derecho de autodeterminación para Cataluña", ha zanjado María Jesús Montero desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

Uber ha anunciado este jueves en un comunicado que definitivamente dejará de operar en Barcelona, ante el decreto ley sobre los VTC aprobado por el Govern. Pretende dejar de dar servicio este viernes. "Tenemos malas noticias. Ante las restricciones a las VTC aprobadas por la Generalitat de Catalunya, nos vemos obligados a suspender el servicio de Uber en Barcelona", ha afirmado la empresa.

Seguro que algún taxista que otro descorchó una botella la noche del pasado martes para regar lo que les estaba sirviendo el Govern catalán en bandeja: la cabeza de Uber y Cabify. Lejos de retirar los 15 minutos de prerreserva que habían causado la discordia, Damià Calvet, consejero de Territorio de la Generalitat, estiraba ese cuarto de hora hasta multiplicarlo por cuatro con una receta peculiar. "Solo con eso ya nos hacía un roto", confesaban diversas fuentes del sector de las VTC al conocer la noticia el pasado viernes.

El Govern ha advertido este martes de que "solo modificará" su decreto para regular la actividad de los VTC "si hay consenso" con los sectores afectados, y ha reclamado "respetar" la celebración del Congreso Mundial de Móviles (MWC), a finales de febrero, como muestra de buena voluntad negociadora.

La determinación del ministro de Exteriores, Josep Borrell, de dinamitar la política exterior del Govern es un hecho. El gobierno español ha puesto en marcha una ofensiva contra las delegaciones en el exterior y ha informado a las autoridades de EEUU y de cinco países europeos de que las oficinas que ha abierto en ellos están recurridas ante los tribunales españoles.

Mònica Osàcar, la hija del extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) condenado por recaudar el 3% (y el 4%) en el caso Palau, Daniel Osàcar, volverá a trabajar desde el próximo lunes como cargo de confianza de la Generalitat.

Tras horas de negociación, los sindicatos CCOO, UGT y USOC han decidido desconvocar la huelga de funcionarios de la Generalitat prevista para este miércoles tras alcanzar un acuerdo de última hora sobre la devolución de las pagas extra de 2013 y 2014.

El responsable de UGT de Bomberos de la Generalitat, Antonio del Río, ha criticado que "no puede ser que el mismo día que digan que no hay dinero para los servicios públicos, el presidente Torra vuelva a meternos la mano en el bolsillo de todos los catalanes para pagar 20 millones a los favores del señor Roures, a TV3 o la emisión de la Copa del Rey de fútbol".