El presidente de Llibertats advierte de que si los hechos consisten “simplemente en retirar del dominio publico los lazos amarillos no suponen ninguna infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana”, y advierte de que “incoar un procedimiento simplemente por instrucciones políticas en un delito de prevaricación administrativa”. En este caso, el delito de prevaricación estaría cometido por el Govern, que es en último lugar quien impone las sanciones, y por los Mossos d’Esquadra, que cometerían “prevaricación omisiva”.
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