La peor parte se la han llevado los ayuntamientos y las comunidades autónomas (sobre ellas recae el grueso de trabajadores públicos), que han hecho desaparecer alrededor de 140.000 puestos desde 2010. Los únicos que de momento se han 'librado' del recorte son Policía y Guardia Civil, los cuales se benefician de un ligero aumento (de 137.000 en 2010 a 145.000 en 2014.)
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