Tanto PSOE como Unidos Podemos han coincidido en exigir al ministerio del Interior que excluya a la organización del listado de asociaciones de utilidad pública al considerar que no cumple los requisitos para una declaración que lleva aparejada la obtención de beneficios fiscales, deducciones a las personas que donan fondos y el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
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