Rumanía aprueba una polémica ley judicial que, según voces críticas, socavará las investigaciones de corrupción al debilitar la supervisión del presidente. La medida coloca al país, clasificado como uno de los más corruptos de la Unión Europea, en la misma línea que sus vecinos del Este, Hungría y Polonia en materia de falta de independencia de los poderes judiciales.
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