La Dirección General de la Policía ha sido sancionada por la Agencia Española de Protección de Datos por no disponer de unas medidas de seguridad concretas en las bases de datos que fueron consultadas por dos policías (un subinspector destinado en la lucha antiterrorista y un agente de Seguridad Ciudadana de Granada) que ayudaban a Villarejo a conseguir información policial interna.
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