Las víctimas reciben llamadas telefónicas en las que les exigen cantidades que oscilan entre 1.000 a 10.000 euros por la liberación de un familiar, imitando su voz e intentado generar una situación de bloqueo y angustia. En realidad no se trata de ningún secuestro real, sino de una estafa telefónica que busca presionar a las víctimas mediante amenazas para que paguen un supuesto rescate antes de colgar el teléfono.
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