La medida, en un momento en el que el precio de la vivienda en el país no deja de crecer y se multiplican las alertas por el riesgo de sobrevaloración del mercado, busca evitar que los bancos asuman riesgos innecesarios y asegurar que los clientes son capaces de pagar sus deudas, en un país que todavía arrastra uno de los mayores ratios de crédito moroso de Europa (13% en el primer trimestre). Los créditos no podrán superar el 90% del valor para primera vivienda y tendrá una duración máxima de 30 años.
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