El juez que investiga en la Audiencia Nacional el 'caso Lezo', Manuel García-Castellón, considera que las pruebas obtenidas hasta el momento sobre la compra presuntamente fraudulenta por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña Emissao apuntan a que el propio Ignacio González, Rodríguez Sobrino y otros imputados cobraron una mordida de 5,4 millones, según consta en un auto de 2 de julio.
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