JpD denuncia que “la notoria proximidad del presidente” de Lesmes “al poder político ha sido un factor clave para entender la incapacidad de la institución para reclamar al poder ejecutivo medios suficientes para nuestros juzgados y tribunales, así como la decisión de no reforzar la estabilidad del magistrado Pablo Ruz cuando ha sido cuestionado desde el poder político y se ha optado por precarizar al máximo su situación".
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