La interventora municipal de Barcelona encargada de supervisar las ayudas entre 2015 y 2020 ha defendido su plena legalidad, tanto administrativa como penal, y ha respaldado que eran de “interés público” porque llevaron a cabo acciones en defensa de colectivos vulnerables. La defensa de la alcaldesa, que ejercen los letrados Olga Tubau y Àlex Solà, volverá ahora a pedir el archivo del caso, esta vez con la declaración de la interventora como pilar.
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