La multinacional española Indra ha reconocido al instructor de los casos Lezo y Púnica, el juez Manuel García-Castellón, que no puede explicar por qué motivo pagó más de un millón de euros a varias mercantiles que, según la investigación, habrían desviado luego el dinero a la caja B del PP. La tecnológica admite que pagó facturas por ese importe, pero no encuentra en sus archivos internos ningún tipo de información sobre los bienes o servicios que recibió a cambio, apuntalando así las sospechas sobre esos movimientos de fondos.
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