En la España democrática, el derecho constitucional al honor se ha instrumentalizado no solo para constreñir libertades sino para proteger a representantes, vivos o muertos, de la dictadura franquista. “El problema, por tanto, no radica en la interpretación que hacen los tribunales del honor, sino en su interpretación de la verdad ”, afirma Urías. “Es lo que ha ocurrido en la condena a Rodríguez, donde la jueza asume como verdad la ley franquista como si se tratara de un Estado de derecho democrático”. Esto es a todas luces aberrante…
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